estafados por confiar en promesas. otra vez falla superintendencia de bancos por permitir captura de dinero a especuladores. la denuncia es de ED, SC

Guider Arancibia Guillén

El policía activo Diether N.C y el ciudadano peruano Günter F. son buscados con mandamiento de aprehensión tras haber sido denunciados como responsables de una estafa en cadena.
El fiscal Ángel Álvarez informó de que el policía y el extranjero figuran como gerente y administrador, respectivamente de la casa de préstamos Diether, que funcionaba en la calle siete del barrio La Colorada, cerca al quinto anillo de circunvalación.
Las oficinas fueron intervenidas por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Los Lotes.
Alvarez aseguró que ante la denuncia de varias víctimas se procedió a retirar del lugar computadoras, documentación y muebles.
Según las primeras investigaciones de la Policía, la casa ofrecía préstamos con pocos requisitos y bajo interés. Había como tope créditos de $us 800 si una persona estaba interesada en esa suma tenía que depositar $us 150, llevar como invitados a dos ciudadanos y cada uno también debía depositar $us 150, haciendo un total de 450. Los dos invitados también podían optar a préstamos siguiendo las mismas reglas.
Había préstamos en moneda nacional; el tope era Bs 800. Para acceder a éste había que seguir las mismas reglas que la del préstamo en moneda extranjera.
Carola Cadima y Francisca Zabala denunciaron que fueron víctimas de estafa junto a muchas personas. “Después de depositar la plata nos dijeron que en diez días salía el préstamo, pero nunca nos dieron ni un centavo”, dijo Cadima.
El fiscal Álvarez aseguró que los responsables alquilaron la casa y que tenían sucursales en Montero y Trinidad (Beni) donde hacían lo mismo. El policía asignado al Batallón de Seguridad Física y el extranjero fugaron.
El coronel Germán Arzabe, jefe del Batallón, confirmó que el agente pertenece a esa unidad y que hacía servicio como encargado en un banco de la capital. Sin embargo, hizo conocer que hace dos días no se presenta a trabajar y que no justificó su ausencia, por lo que deberá responder a las acusaciones de estafa presentadas en su contra.

Las víctimas hacen vigilia en el inmueble
Varias personas que fueron víctimas de estafa se instalaron ayer en el inmueble donde funcionaba la casa de préstamos Diether, en la zona de La Colorada.
Los estafados aseguraron que el negocio abrió sus puertas en octubre y que ilusionó a mucha gente con el cuento de los préstamos que resultaron ser una estafa.
El fiscal Ángel Álvarez afirmó que, a solicitud de los afectados, se procedió a la detención de 18 empleados, pero luego se los liberó al no encontrar en su contra indicios de culpabilidad.
Álvarez dijo que más bien los empleados fueron engañados porque no se les pagó sus beneficios sociales y que ahora se busca a los verdaderos responsables, es decir, al policía y al peruano. “Parece que este negocio fue bien pensado porque lo abrieron para estafar durante un corto tiempo”, comentó el fiscal.
Afirmó que se inició una investigación por los delitos de estafa agravada y asociación delictuosa.

no queda claro. se trata de un banco? de una cooperativa? porqué pretende captar dinero? exijimos una aclaración

Con la inauguración de una moderna agencia en la populosa zona del Mercado Primavera, el Fondo Financiero Privado Fassil S.A., pasó a constituirse este lunes en la primera institución que ofrece todos los servicios financieros a pobladores del Distrito 9 de la ciudad de Santa Cruz, compuesta por una población de aproximadamente 110.000 habitantes distribuidos en 58 barrios.

“Hoy nos convertimos en pioneros en la prestación servicios financieros integrales e incluyentes para beneficiar a miles de vecinos que estuvieron excluidos del sistema financiero. Nuestra apuesta es por la bancarización de los más necesitados y sin duda este es un gran paso. En adelante que los vecinos ya no tendrán que caminar más de dos kilómetros para pagar o requerir un crédito, cancelar servicios, recibir remesas de familiares en el exterior, depositar los ahorros o la venta del día. Hoy sin duda estamos más cerca de los vecinos”, sostuvo el presidente del directorio de Fassil, Ricardo Mertens Olmos.

En la nueva agencia de la entidad especializada en microfinanzas, ubicada a pocos metros del Mercado Primavera, en la parte posterior del Aeropuerto El Trompillo, los vecinos podrán gestionar la apertura de cuentas de ahorro y depósitos, tramitar créditos, pagar servicios públicos e impuestos, obtener tarjetas de débito, usar el cajero automático las 24 horas y servicios de banca por internet, servicio de remesas, entre otros.

María Odalis Reyes, presidenta del Asociación Comerciantes del Mercado Primavera, agradeció a los ejecutivos de Fassil por la apertura de la moderna agencia. “Este servicio no sólo está dirigido a los más de 350 comerciantes de nuestro mercado, sino también a los miles de vecinos de los barrios de esta zona que nos hallábamos al margen de los servicios financieros”, acotó Reyes.

CAJEROS EN ZONAS PERIURBANAS

En el marco de su política de ofrecer servicios integrales e incluyentes, Fassil instaló en su nueva agencia el servicio de cajero automático que estará disponible de manera ininterrumpida las 24 horas de día.

Mertens Olmos hizo notar que Fassil ya había sido reconocida por su decisión de llevar el servicio de cajero automático a zonas periurbanas, habiendo dispuesto en agencias del Plan 3.000 y El Carmen. “Nos preocupamos por la comodidad y la accesibilidad de nuestros clientes, por ello, hoy traemos nuestros servicios a cerca de 60 barrios concentrados en el Distrito 9”, dijo el Presidente de Fassil.

La Nación reprocha que el Gobierno Argentino haga mal uso del cooperativismo creando unidades frágiles por demagogia

El Poder Ejecutivo Nacional ha anunciado la creación de 100.000 puestos laborales a través de cooperativas de trabajo, cada una de las cuales estará integrada por unos 60 trabajadores, quienes cobrarán 1200 pesos por mes. A eso debe sumarse casi otro tanto en material de trabajo, cuyo costo estará a cargo del Estado. Es decir que se crearían más de 1600 cooperativas con una incidencia en el presupuesto nacional de aproximadamente 2880 millones de pesos anuales.

Si bien una de las misiones esenciales del Estado es combatir la pobreza, y es valorable que se vuelquen recursos públicos con ese fin, las medidas anunciadas están lejos de responder a una voluntad seria de generar inclusión social mediante la creación de trabajo genuino. Por el contrario, lo anunciado conlleva una grave distorsión del auténtico y noble significado de una cooperativa. Lo único que se logrará es seguir falseando las estadísticas oficiales sobre el índice de desocupación y provocar más frustración en aquellas personas que aspiran legítimamente a un trabajo digno.

Las cooperativas de trabajo son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua por personas que en común resuelven necesidades que no podrían superar en forma individual, valiéndose del trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes y servicios. Esto es, por personas con intereses económicos, sociales y culturales comunes, que por sí mismas deciden asociarse en una empresa autogestionada, constituyéndose sus socios en empresarios. El pago que reciben es la expresión de su participación en el resultado de su propia empresa, es decir, en proporción al trabajo realizado por cada uno.

En las cooperativas impulsadas por el Estado nacional, sus integrantes ni siquiera se conocen unos a otros y están siendo determinados de acuerdo con criterios clientelistas por los intendentes del conurbano bonaerense o por grupos afines al funcionario del Ministerio de Desarrollo Social Emilio Pérsico. Estos suministran listados en los que indican quiénes serán los futuros cooperativistas. Muy lejos queda, así, la posibilidad de una voluntad asociativa común, como la que tan loablemente ha sido utilizada por grupos sociales que constituyen cooperativas, precisamente para no vivir de la dádiva prebendaria del Estado. Sus integrantes no habrán de cobrar de acuerdo con el trabajo realizado, sino una suma fija a través de una tarjeta de débito, lo cual no es otra cosa que un plan social encubierto, dependiente de los aportes del gobierno nacional.

Queda claro que la creación de estas cooperativas no implica la formación de cooperativistas ni la promoción de trabajo genuino y, lo que es más grave, creará legítimas expectativas sociales que se verán frustradas cuando el Estado decida no realizar más aportes porque no responde a su voluntad política. Este sistema es una réplica de modelos aplicados en la provincia de Santa Cruz, que nunca pudieron escindirse de los planes sociales, y reitera el implementado desde el año 2003 por el Ministerio de Infraestructura para la atención de obra pública, a través del cual se crean federaciones de cooperativas que responden a los distintos movimientos sociales afines al Gobierno, que fracasaron en la generación de trabajo, pero no en constituirse en fuerzas organizadas para responder a las convocatorias del Poder Ejecutivo Nacional.

Parecería que este mismo esquema de fuerzas organizadas pretende repetirse en cuantas acciones necesite producir el Gobierno a partir del 10 de diciembre. Muy lejanos están el ideario cooperativo y el primer principio de la Alianza Cooperativa Internacional, que determina la exigencia de neutralidad política, y la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que establece que las políticas nacionales deben luchar contra las pseudocooperativas que violan los derechos de los trabajadores.

ahora Dips se declara en huelga de hambre en protesta por la intervención sin fecha de COTEL. se cumple la denuncia nuestra de tratarse de un abuso.

El ex presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), Fernando Dips, se declaró el martes en huelga de hambre luego de conocer la acusación en su contra por varios delitos que apuntan a una millonaria defraudación.

A la espera de la audiencia cautelar que definirá su situación legal, Dips negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que demostrará con documentos que no hubo corrupción en Cotel.

El juez imputó a Dips por la compra fraudulenta y con sobreprecio de la operadora de cable ITF en la ciudad de Santa Cruz por 6,4 millones de dólares y por la compra de Supercanal en La Paz, por 3,2 millones de dólares.

"La huelga de hambre dura que hago no es un show político y asumiré esa medida hasta que la justicia se encamine, llegue a los bolivianos y que no se maneje políticamente", remarcó.

Denunció que el fiscal de Corrupción Pública, Félix Peralta no tomó en cuenta las pruebas de cargo que él presentó voluntariamente en cinco expedientes de 1.800 fojas.

Sobre las denuncias de sobreprecio en la compra de ITF y Supercanal, Dips dijo a la ABI que esa compra se paga "con el mismo flujo que generan esas empresas".

A su juicio, en su administración no se registraron hechos de corrupción y por el contrario Cotel se financió con los propios flujos de los proyectos de todas las inversiones que realizó.

recopilando información diversas ZOE nos ofrece un compendio de entidades ilegales que funcionan captando dinero sin autorización

31 entes financieros operan fuera de la por Zoe

Se trata de 20 firmas nacionales y 11 extranjeras. La Asfi investiga la presunta ilegalidad de otras dos empresas en La Paz. Un proyecto de ley plantea incluir la estafa piramidal como delito penal.

La Razón

En el país hay 20 empresas nacionales y11 extranjeras que no están autorizadas para operar como entidades financieras. Así lo señalan datos manejados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

El órgano fiscalizador advierte que las primeras no cuentan con la autorización legal “para recibir dinero del público en calidad de depósitos, préstamos mutuos o bajo otra modalidad; o para realizar actividades de intermediación financiera (ver infografía)”.

También alerta de “supuestas empresas del exterior —sin licencia de funcionamiento—, (que) estarían ofreciendo recursos financieros a personas naturales y jurídicas en Bolivia, bajo la forma de préstamos autocancelables, préstamos a fondo perdido, préstamos garantizados, entre otras operaciones. Señala que para acceder a los “préstamos”, los interesados deben depositar a favor de las firmas una suma de dinero equivalente a una fracción del crédito, para luego obtenerlo sin la necesidad de repagarlo.

Un medio local informó ayer de dos empresas, en La Paz, que captan depósitos del público sin control de la Asfi. La primera, denominada Interexporbol, se presenta como comercializadora y usa el nombre de una firma venezolana para conseguir clientes. La segunda, anónima, recibe donativos con la promesa de entregar sumas mayores al cabo de un tiempo. Ambas ofrecen intereses entre el 9 y 20% mensual.

Ambos casos “están en proceso de investigación” para “comprobar de modo fehaciente la ilegalidad de las entidades”, indicó a La Razón el ente regulador, en respuesta a un cuestionario.

Señaló que las actividades de captación irregular de ahorros “se desarrollan generalmente de modo silencioso y en círculos cerrados a grupos que comparten ciertos intereses comunes” y que “las personas o empresas que se organizan para este fin, generalmente se disfrazan con actividades de otro giro, por lo que evaden la regulación y control”.

Sin embargo, aseguró, el reglamento para clausurar locales que realizan operaciones de intermediación financiera ilegal —en actual vigencia— permite investigar a personas o empresas presuntamente ligadas a la comisión del mencionado delito.

Por otro lado, la Asfi da cuenta que el proyecto para modificar la Ley de Bancos ya “ha sido remitido al Congreso para su tratamiento”. Éste “plantea que el delito de la estafa piramidal y otros delitos financieros sean incorporados dentro de la tipología establecida en el Código Penal como delito autónomo”.

La Asfi trabaja además en modificar la normativa referida a la publicidad de las entidades para incrementar las tareas de prevención; y en agilizar los procedimientos de indagación.

En Bolivia, la primera estafa ocurrió en los 80, cuando los hermanos Arévalo, propietarios de Finsa (Financiera de Servicios Integrales y Servicios Arévalo), estafaron $us 50 millones a unas 22.000 personas. Entonces, también se registraron los casos de Multiactiva y Orcobol.

En enero del año pasado, la ex Súper de Bancos (ahora Asfi) clausuró la empresa Roghel Bolivia, que habría estafado a cerca de 15.000 individuos con un daño económico próximo a los $us 40 millones. En abril, la Fiscalía allanó las oficinas de la firma Orión en Cochabamba, que se estima realizó 800 estafas. El 24 de septiembre de ese año fue desbaratada LV Pharma, que habría captado de manera ilegal $us 2,8 millones de unas 1.350 personas.

Puntos de vista

“Lo que no está supervisado no puede garantizar la plata de la gente”
Juan Carlos Salaues, presidente de la Asoc. Nacional de Bancos.

“Lo lamentable en todo esto es que la gente sabe que hay instituciones reguladas que garantizan de alguna forma sus ahorros. No puede ser que las personas no lo entiendan.

La recomendación es que la gente sepa dónde deposita su dinero. El sistema financiero regulado, garantizado, es muy grande; las opciones son de todo tipo: hay cooperativas, fondos privados, bancos, microfinancieras. Lo que no está regulado, lo que no está supervisado, no puede garantizar la plata de la gente. En todo caso, también es responsabilidad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) el no permitir el funcionamiento de estas instituciones ilegales.

La tasa de interés es una medida del riesgo (…). No creo que el sistema tenga que competir con tasas de mentira”.

“El problema no consiste en falta de regulación, sino en falta de control”
FERNANDO PRADO, ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras.

“Es un gran negocio engañar a los incautos. Ofrecen tasas altas de interés (9%) y nunca faltan personas que depositan su plata y después se lamentan, cuando esas personas escapan.

Alguien debería proteger a la gente y decirles cuáles son las entidades que están prohibidas, para posteriormente cerrarlas.

El problema no consiste en falta de regulación, sino en falta de control. El Estado tiene que controlar a las entidades que reciben depósitos del público y otorgan créditos sin autorización. La ex Superintendencia de Bancos (ahora Asfi) controla a quiénes están bajo su ámbito, pero debería haber un ente estatal que vaya a clausurar este tipo de instituciones. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) debería tomar cartas en el asunto, al igual que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”.

de nuevo en Bolivia el fraude de las pirámides

Dos empresas captan dinero del público de forma irregular por Zoe

Una de ellas usa el nombre de un ente estatal venezolano para atraer clientes. Los altos intereses son el anzuelo para atraer a la gente.

Publicidad: los afiches promocionales de las dos empresas

La Prensa

Los altos intereses son el anzuelo para atraer clientes para las empresas que captan dinero del público. Desde enero del año pasado, la reguladora de bancos intervino tres financieras ilegales.

Dos empresas captan dinero del público sin control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). Ambas ofrecen intereses mensuales que varían entre el 9 y el 20 por ciento y la segunda se maneja bajo la forma de “donativos”.

Interexporbol S.R.L. se presenta como una “comercializadora”, que no desarrolla labores de intermediación financiera, por lo que, según el asesor comercial de la empresa, Jorge Enrique Guerrero, no corresponde que sus actividades sean supervisadas por la Asfi.

Sin embargo, esta empresa opera bajo un Número de Identificación Tributaria (NIT) y ofrece rentabilidad variable entre el 9 y el 20 por ciento mensual.

La Prensa buscó ayer insistentemente un pronunciamiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, pero no fue posible obtenerlo.

Un vocero de la reguladora explicó que las autoridades responsables del área se encontraban ayer muy ocupadas pero que en el curso de las siguientes horas se recibirá una respuesta.

En el pasaje Sáenz, entre las calles Comercio y Jenaro Sanjinés, donde hasta hace unos diez años funcionó el cine Princesa, se encuentran las oficinas de Interexporbol, que no figura en el directorio de Fundempresa.

Las oficinas 4 y 5 del edificio Sáenz son elegantes, pulcras y ordenadas. Un televisor LCD de 33 pulgadas se destaca claramente en los ambientes.

Se observa también una fotografía de la Bolsa de Valores de Londres y cuatro relojes, que marcan las horas de Tokio, Londres, Nueva York (donde funcionan los centros bursátiles más importantes del mundo)y La Paz.

Cuando se consulta a Guerrero cuál es el origen de tan importante utilidad, asegura que esta firma está asociada con la empresa suiza Eurobusiness.

Una revisión en internet permitió comprobar que ese nombre es empleado por diversas empresas europeas destinadas a rubros tan disímiles como la venta de automóviles, el envío de paquetes y carga o el análisis periodístico económico.

Guerrero afirmó que esa empresa vende granos y cereales a Venezuela, insumos para la elaboración de pan.

Caracas paga esos envíos con los llamados “dólares Cadivi”, expresión que aparece escrita en una pizarra acrílica.

Cadivi es la Comisión de Administración de Divisas del Gobierno venezolano, que controla la compra y venta de dólares en Venezuela. En el mercado paralelo, por cada unidad de la moneda estadounidense se pagan 6,71 bolívares fuertes, pero este organismo los cotiza a 2,15.

Venezuela provee químicos a la nación transalpina. La sociedad entre Interexporbol y Eurobusiness permite gozar de un 15 por ciento de la divisa estadounidense libre de impuestos.

Dice que ese monto fue traído a Bolivia para abonar los intereses de los inversionistas.

Guerrero asegura que cualquier persona puede depositar entre 200 bolivianos y 10.000 dólares. Si el dinero es depositado por un mes, el interés es del 9 por ciento, pero por tratarse de una primera oportunidad, la empresa paga 10 por ciento por única oportunidad.

Si el capital es aportado a 60 días el interés es del 15 por ciento mensual, y si se lo entrega por 90 días, la ganancia alcanza al 20 por ciento.

Otra línea de actividad es la importación de electrodomésticos, equipos electrónicos y ropa de Panamá, que pueden ser pagados con los intereses que corresponden a los clientes.

Un tercer plan es el de la construcción de viviendas multifamiliares construidas con materiales traídos del exterior, cuyo costo es menor que el del mercado nacional.

En la página de internet, esta firma ofrece asesoramiento de negocios en las áreas de inversiones en bolsas de valores, agropecuarias, mercado bursátil, negocios con hidrocarburos, alta minería en diamantes y oro, y manejo de dólares y euros.

Hay dos mecanismos de garantía que respaldan estas operaciones: unos terrenos que supuestamente posee la empresa en Santa Cruz y la firma de letras de cambio para respaldar el pago de utilidades.

Donativos y aportes

En la oficina 903 del noveno piso del edificio Shopping Norte funciona una institución que, según Juan José Cruz, agrupa y coordina a las personas que se acercan para participar en el negocio.

En realidad se trata de una organización que busca interesados en hacer donativos, en una primera oportunidad, de 25 dólares para recibir en el plazo de un mes 225.

Las condiciones son pagar 15 dólares por concepto de gastos operativos y referir a dos personas más.

“Es una especie de pasanaku, en la que nosotros garantizamos la seriedad de las operaciones, mediante un sistema informático. Las personas hacen los intercambios en sus casas”.

Cruz aseguró que tampoco en este caso se hace intermediación financiera. Los clientes entregan 25 dólares a los beneficiarios sin que la entidad intervenga en el manejo del dinero.

En el momento de hacer los pagos y en el de recibirlos, los participantes en la ronda firman documentos que acreditan que hacen y reciben “donativos”.

Las “donaciones” no son susceptibles de tributación ni son controladas por la Asfi.

El participante puede hacer una segunda entrega de 50 dólares para recibir en el término de un mes 550 dólares, siempre y cuando abone los 15 dólares de operación y refiera a otros dos individuos al sistema.

La transacción puede hacerse por tercera oportunidad con un desembolso de 100 dólares y una utilidad de 1.100 y una última oportunidad con 200 dólares y una donación de 2.200. En ambos casos debe pagarse los 15 dólares y llevar a otros dos interesados en terciar en la transacción económica.

“Lo que hacemos es colaborar con los interesados, los organizamos y después los agrupamos. Les explicamos cómo es el sistema. Nos limitamos a eso”.

A diferencia del anterior caso, en éste los ambientes no son elegantes. En la recepción hay un escritorio y diez sillas y en la oficina principal, otro escritorio y otras sillas.

En ambos ambientes, los interesados reciben explicaciones de cómo se desarrollan las actividades.

Ayer entre las 14.30 y las 17.30 pasaron cinco personas de diferentes estratos socioeconómicos para averiguar las condiciones y otras dos llamaron por teléfono para averiguar las condiciones y detalles de las operaciones, pero en todos los casos las respuestas fueron las mismas.

Ibis, la secretaria, responde a todos que los informes se dan desde las 19.00.

Los casos no se investigan

La división de Delitos Económicos y Financieros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz no investiga las operaciones emprendidas por ambas empresas.

El jefe de esta unidad de la FELCC, teniente coronel Adolfo Cárdenas, explicó que, mientras no se reciba una denuncia, ningún organismo policial puede comenzar una investigación a menos que ocurra una situación extrema y compleja.

El 2 de diciembre del año pasado, mediante un comunicado, la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras advirtió a la población del peligro de las estafas piramidales.

El documento dio cuenta de que “se advierte al público no dejarse engañar por supuestos programas, que bajo el supuesto de donativos o regalos, le hacen depositar su dinero a favor de un desconocido e invitar a sus familiares o amigos a participar del mismo, pues se tratan de estafas hábilmente diseñadas para captar dinero del público”.

Los casos recientes de las financieras Roghel Bolivia, LV Pharma y Orion, que fueron intervenidas por la ex Superintendencia, derivaron en la protesta de miles de afectados por las calles de las principales ciudades de todo el país.

Altos intereses y la oportunidad de ganar dinero fácilmente son una atracción a la que muy pocos escapan. Es la fórmula de otros para ganar.

Estafas históricas en Bolivia

Captar dinero del público no es un negocio nuevo en Bolivia. En 1987, la comercial Colón cerró sus operaciones. Su propietario fue detenido y llevado al penal de San Pedro. La comercial Lavalle cayó poco después. Una familiar cercana a un prominente dirigente político fue recluida en la cárcel de mujeres de Obrajes.

El caso más impresionante fue el de la Financiera de Servicios Integrales y Servicios Arévalo (FINSA), que en 1990 quebró y dejó a miles —nunca se sabrá con exactitud cuántas— en la ruina. Los hermanos orureños Nelson, Carlos y Eddy Arévalo fueron encarcelados. Nelson, el mayor, se dio el gusto de protagonizar una película, pero el 30 de septiembre de 1991 su cadáver fue encontrado en el asiento trasero de su jeep Suzuki, estacionado en la plaza Constitución de Cochabamba. Tenia signos de haber sido esposado. Una bala disparada a quemarropa le había entrado por la oreja derecha y le destrozó el cráneo.

Carlos y Eddy Arévalo fueron encarcelados y recuperaron su libertad en noviembre de 1999, pero nunca se supo a dónde fueron a parar los 56 millones de dólares que, se presume, recaudaron los Arévalo, hoy convertidos a un grupo evangélico.

Cochabamba fue el centro principal de las operaciones de estas empresas, las financieras Multiactiva y Orcobol.

El 25 de enero, la aún Superintendencia de Bancos intervino Roghel Bolivia, cuyo propietario, Windsor Goitia Chappy, permanece bajo arresto domiciliario, y el 25 de septiembre del año pasado hizo lo propio con LV Pharma Bolivia y su gerente propietario fue detenido preventivamente.

Otra empresa intervenida fue Orion. La Asfi calcula que los estafados suman unas 20.000 personas.

Detalles

El mecanismo de publicitar la actividad de las financieras es la comunicación interpersonal.

Estas organizaciones actúan al margen de la ley, por lo que no pueden publicitar su labor.

Algunas de estas compañías tienen otro rubro de actividades, como LV Pharma.

Esa corporación aseguraba que trabajaba por el progreso y el desarrollo de Bolivia.

En su desaparecida página de internet aseguraba que lo haría a través de sus ventas.

Al consultar el sitio de marras se ve que vendía laxantes y edulcorantes naturales.

Las tres últimas financieras intervenidas fueron Roghel Bolivia, LV Pharma y Orion.

Windsor Goitia, propietario de Roghel, tenía una cuenta bancaria por 1,1 millones de dólares.

Pese a la clausura, las operaciones de LV Pharma continuaron una semana después.

desde Córdova en su diario principal La Voz del Interior, un experto analiza el COOPERATIVISMO HOY

Roberto F. Bertossi *
La Voz del Interior

El cooperativismo es una de las nobles posibilidades para la promoción y el desarrollo humano en cuanto tal. Ahora bien, cabe admitir que la percepción social actual sobre el mismo, en su diseño tradicional, es claramente diacrónica: se le percibe una viabilidad extrínseca y una inviabilidad intrínseca.
En efecto, no obstante la presencia y eficiencia cooperativa de antaño, hoy están expuestas a desafíos propios de la globalización y la crisis global como –por caso– la presión competitiva.
Nuestro cooperativismo depende hoy de una cultura solidaria constante que alimente, aliente, mancomune y sostenga innovadoramente desarrollos cooperativos duraderos, eficientes y socialmente útiles, incrementando y expandiendo una cultura de la satisfacción de las necesidades físicas básicas.
En esa perspectiva, la educación cooperativa es una exigencia indispensable para un auténtico desarrollo cooperativo.
Esta educación consiste básicamente en la adquisición, conservación y enriquecimiento constante del hábito de ver, pensar, participar y evaluar, de acuerdo con los principios, el ideario cooperativo.
Actualmente, muchas cooperativas padecen el ausentismo generalizado de sus propios asociados y sólo las reglas del marco axiológico cooperativo no pueden garantizar más que la autenticidad formal de una cooperativa. Su carácter realmente cooperativo depende fundamentalmente de la presencia participativa mayoritaria y entusiasta de sus miembros, con genuino espíritu cooperativo.
Una cooperativa sin cooperativistas, –es decir, sin hombres que sientan la ética cooperativa y la traduzcan en normas de conducta– será siempre frágil, y así no podrá lograr plenamente su rol social, económico y cultural en la sociedad y comunidad circundantes.
Sobre estas premisas podemos considerar estéril y mero juego de palabras toda teoría sobre educación y democracia cooperativas y sus problemáticas de hoy, si no partimos del reconocimiento de que éstos sólo se resuelven cuando todos los cooperativistas tienen plena conciencia de sus deberes antes que de sus derechos.
Satisfaciendo esta regla de oro cultural, el conocimiento, la información, el capital humano, la innovación en la forma de hacer gestión de menor a mayor escala, encontrando nuevas estructuras organizacionales como encadenamientos productivos, de servicios e integraciones y, por supuesto, un acceso adecuado al financiamiento con mejores garantías para asociados y terceros, configurarán espacios cooperativos más atractivos y confiables.
Con esa mirada proponemos la articulación federativa de los distintos sectores de cooperativas de producción o trabajo asociado, de crédito, consumo, campesinos, vivienda y también con las cooperativas de servicios públicos esenciales, en los diferentes ámbitos territoriales.
El fin sería crear un verdadero sector de economía solidaria civil abierto a una estrategia de afines, incorporando otras formas solidarias de organización empresarial e incluso empresas familiares, para alcanzar ese punto de masa crítica que permitiera una cierta invulnerabilidad del sector frente a competencias abusivas y desleales. Sería un sector que reivindique instrumentos de apoyo de carácter financiero, comercial, tecnológico, de seguros y de formación, los que facilitarían un reposicionamiento e igualdad en esta competitividad de mercados con los sectores privados y públicos tradicionales de la economía.
La sinergia de esta alianza tendrá un efecto multiplicador y un beneficio para todos los ciudadanos por la reducción de costos, ya que no es el beneficio el motor movilizador de tal sector, sino la redistribución equitativa y la reciprocidad mutua.
Pensemos entonces en la importancia del cooperativismo en un Estado de derecho social y democrático del que todos los ciudadanos puedan tener acceso a servicios eficientes de agua potable, energía eléctrica, transporte, gas, comunicaciones, trabajo, además de educación, sanidad y vivienda, y que ello se haga en condiciones de calidad y precios justos que tiendan a asegurar un costo mínimo para que no produzca la exclusión en aquellas capas sociales lindantes con la pobreza, y por el contrario sea factor de inclusión social.
Este cooperativismo que propugnamos para hoy puede ser un importante generador de bienestar e integración de toda una Nación, razón por la cual también ya debe tener un tratamiento fiscal promotor y favorecedor de su permanencia, desarrollo y expansión, que permita mantener la oferta cooperativa de bienes y servicios, especialmente para los ciudadanos con carencias e incluso en situación de indigencia.

* Docente e investigador en Derecho Cooperativo. UNC.

El Alto es población que actúa al margen de la Ley. los negocios discurren sin factura oficial. el dinero circula al margen de la economía legal. vea:

Mario R. Durán Chuquimia

Bolivia: Florecimiento de las pirámides

La anterior semana el canal 4 de la ciudad de La Paz mostró un reportaje sobre una supuesta Organización No Gubernamental (ONG) que a depósito de Bs 150 entregaba un quintal de arroz o un quintal de azúcar más un galón de cinco litros de aceite, siempre y cuando el beneficiario espere un mes y lleve a otras tres personas para que hagan el respectivo deposito. Oferta tentadora considerando que el quintal de arroz cuesta Bs 320 el galón de aceite cuesta Bs 55 y el quintal de azúcar está en Bs 135 (1).

Así también, fui testigo en la parada de minibuses de Ciudad Satélite de cómo un promotor intentaba convencer a los choferes para participar de una empresa que pagaba intereses del 35% mensuales, con la misma dinámica señalada, se tenía que esperar un mes y llevar otras tres personas para que hagan el depósito. Como aliciente, cuadro en mano, el promotor decía cuantas más personas lleves, más intereses ganas.

A quienes dubitaban les repartía tarjetas con la dirección de la empresa y finalizaba si no tienes tiempo, aquí esta la página web elitecibici (sic)(2), la partida del minibús me impidió seguir escuchando.

Este tipo de negocios de altos beneficios, son las conocidas estafas piramidales bajo el esquema Ponzi, que opera del siguiente modo, se crea una compaña de bajo capital, que ofrece un retorno de un 80 ó 100% en unos seis meses, de la cantidad que la persona invierta. Al principio son pocas las personas quienes deciden invertir, pero al poco tiempo al ver o escuchar de los resultados deciden invertir más personas. El negocio, gracias a que logra atraer nuevos inversionistas, sigue subsistiendo durante un determinado tiempo y todos reciben sus prometidos beneficios, al final el sistema colapsa porque no puede pagar a los inversionistas o por fuga de los responsables de la compaña.

Para consuelo de tontos, ni los ricos se salvan de este tipo de estafas, cito el caso de Bernhard Madoof, quien mantuvo su estafa piramidal por más de 14 años, llegando a administrar un supuesto fondo de cincuenta mil millones de dólares. En Bolivia, los casos más sonados fueron el de los hermanos Arévalo quienes estafaron a miles de incautos cochabambinos alrededor de cincuenta y seis millones de dólares (3) o el caso más reciente de Roghel-Bolivia (4) en el que se estima un daño económico de cuarenta millones de dólares y centenares de personas engañadas.

Como medida preventiva, la Superintendencia Financiera ahora conocida como Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, que es la institución encargada de regular y supervisar a todas las entidades que realizan actividades de intermediación financiera, de valores y de seguros, deberá realizar campañas de concientización para la población con el objeto de evitar este tipo de fraudes piramidales, incluso normas regulatorias. Sin embargo, no faltan incautos que creen en el florecimiento del dinero.

más vale tarde que nunca, en lo referente a la intervención de la mal llamada cooperativa Sudamérica que engañó a miles de ingenuos cooperativistas

El director departamental de Cooperativas, Isidro Moscoso insistió en que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sudamérica debe ser intervenida por el Estado, pues sus ejecutivos no cumplieron en entregarle toda la información y documentación correspondiente, en la que se garantice que la totalidad de los ahorros de los depositantes serán devueltos.

“Pedí que me certificarán si había un contrato entre la Cooperativa Sudamérica y La Trinidad, donde se comprometían a devolver los Depósitos a Plazo Fijo (DPF), eso no me han certificado. Me están evadiendo la información”, dijo Moscoso. Señaló que esta información tampoco se encuentra en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Moscoso mostró una carta que le dirigió el presidente del Consejo de Administración de Sudamérica, Jorge René Córdova S., pero que no entregó ninguna documentación.

Según la misiva de Córdova, asegura que se ha regularizado el 80% de las obligaciones con los ahorristas y depositantes, “recurriendo para ello a la venta de la cartera, de bienes muebles e inmuebles”. Además, que en la segunda quincena hará llegar un informe auditado de los estados financieros.

ahora se viene otra intervención a Sudamérica mal llamada cooperativa. en realidad como lo dijimos en su momento se trata de una "lavadora de dólares"

La Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Trabajo, a través de su representación regional en Santa Cruz, prevé intervenir la cooperativa Sudamérica por la comisión de diversas irregularidades, según lo indicó el responsable de esa oficina, Isidro Moscoso Peña.

De acuerdo con esa autoridad, Sudamérica es una cooperativa cerrada que está bajo tuición de la Dirección Nacional de Cooperativas. En ese contexto, esa entidad estatal envió varias cartas a los ejecutivos de Sudamérica para solicitarle información con respecto a los estados financieros, estatutos, reglamentos internos, la lista y cargo de los trabajadores y la ubicación de sus agencias. También la Dirección Departamental de Cooperativas exigió que el dinero de los socios sea devuelto cuanto antes.

Sin embargo, Moscoso lamentó que hasta el momento los directivos de Sudamérica no hayan respondido a las solicitudes.
Entre las irregularidades que Moscoso señala están la no devolución de las cajas de ahorro y los Depósitos a Plazo Fijo (DFP) a sus ahorristas, el no pago de intereses y también la apropiación ilegal de los aportes de los trabajadores que fueron descontados durante dos años y no se entregaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La intervención se estima que se producirá a más tardar el viernes de la próxima semana, aclaró Moscoso.

Añadió que los bienes de esa cooperativa deben ser rematados para pagar a los ahorristas.

En las oficinas de Sudamérica no hay ningún ejecutivo que quiera responder a la prensa. La encargada de hacer el traspaso de los ahorristas a la cooperativa La Trinidad, Fátima Canizares, no quiso emitir ningún criterio, pues afirmó no ser la persona autorizada. Asimismo, Moscoso dijo que si los socios son transferidos a La Trinidad, pedirá un informe a los ejecutivos de esa cooperativa para ver qué garantías existen de que se devolverá el dinero y en qué tiempo. Por otra parte, la investigación ordenada por el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, no avanzó casi nada después de varios meses.

ASFI vigilará la norma

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sostuvo a través de su director ejecutivo, Ernesto Rivero, que la compra-venta de la cartera de ahorristas de la cooperativa Sudamérica a La Trinidad no ha cumplido los pasos que establece la norma para este tipo de casos. “Nos hemos sorprendido de esta determinación unilateral que han realizado estas dos cooperativas con un desconocimiento absoluto de la ASFI”, dijo Rivero.

Afirmó que procederán a recopilar antecedentes para analizar qué es lo que ha pasado y a base de eso tomar medidas.

Expresó que la ASFI adoptará acciones para que se garanticen los ahorros de los asociados de ambas cooperativas.

El gerente de La Trinidad, Jorge Roca Urioste, ratificó que la operación fue de conocimiento de la ASFI.

la intervención a COTEL debió terminar a los 30 días. han pasado 40 y ahora se determina prisión para líderes y administrativos

La Intervención a la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), resuelta hace un mes por el Gobierno boliviano, demandó ayer al Ministerio Público la aprehensión de los 10 integrantes de los consejos de Administración y Vigilancia de la telefónica, entre ellos las cabezas de ambos organismos, Fernando Dips Zogby y Jaime Siles Hoyos, por un desfalco de $us 6,6 millones.
"Los delitos cometidos tienen que ver con el sobreprecio de $us 6,6 millones en la compra irregular de la infraestructura obsoleta de la empresa ITS (Televisión Satelital Cable Color), de la ciudad de Santa Cruz, en junio de 2008. ITS tenía un valor total de cuota de capital de 757.680 dólares y los ex consejeros pagaron $us 7,4 millones, es decir, un sobreprecio de 6,6 millones de dólares.
“Esta información se desprende de los contratos que suscribieron la empresa y la cooperativa paceña", confirmó en un boletín de Cotel entregado a la prensa por los interventores.
La decisión de formalizar la demanda contra los consejeros de administración y de vigilancia fue adoptada después de que la intervención detectara irregularidades en la adquisición, por parte de Cotel, de los activos de la empresa Televisión Satelital Cable Color (ITS).
También fue acusado el gerente de la compañía de comunicaciones, Gonzalo Angles Rivero.
La transacción careció, según el boletín, de evaluaciones técnicas para sustentar o justificar la compra irregular y, menos, respondió a un plan estratégico de expansión, desarrollo de infraestructura de red y fortalecimiento de servicios de Cotel".
La intervención a la telefónica, encabezada por César Börth, demandó "la aprehensión de los diez suspendidos consejeros de administración y de vigilancia de la cooperativa, por los delitos penales de asociación delictiva, encubrimiento, recepción, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, abuso de confianza, agravamiento en caso de víctimas múltiples y también de daño calificado".
Börth también solicitó, ante la oficina de Derechos Reales, la hipoteca legal, secuestro y retención de bienes inmuebles de los formalizados, "ante la posibilidad de fuga u obstaculización de las investigaciones judiciales".
La intervención reveló, de entrada, una serie de concesiones con privados rayanas en la corrupción, por parte de la administración de Dips Zogby, entre otros tópicos, intercambios de servicios de televisión por cable por atenciones de peluquería y también por aposentos en hoteles de lujo.

cooperativas mineras salvarán la forma cónica de la punta del legendario "cerro de Potosí"

La institución cívica y los cooperativistas mineros de Potosí acordaron elaborar una propuesta al Gobierno para normar la explotación de plata en el Cerro Rico, porque su estructura cónica se encuentra en riesgo de derrumbarse o sufrir por lo menos un daño mayor.

El Cerro Rico tendría que ser reconocida como la mayor joya natural del mundo, porque de sus entrañas se extrae el metal blanco desde hace cinco siglos, sin que, en ese lapso, hubiera tenido un solo día en el que no hubiera sido explotado.

Las cotas (la punta) del fabuloso cerro se hallan entre los 4.400 y 4.700 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que le confiere una mayor singularidad, puesto que en el mundo no existe otro caso similar.

El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Gerardo Coro, quien actuó de mediador entre cívicos y cooperativistas, porque no se ponían de acuerdo en lo que correspondía hacer, explicó que la preservación de la morfología del cerro pasaría por fijar límites técnicos para la explotación, entre las cotas mencionadas.

Por su parte, el director general de Minería, Freddy Beltrán, dijo que el ministerio del área apoyará el acuerdo al que lleguen cívicos y cooperativistas, aunque éste defina la paralización momentánea de operaciones mineras en las cotas superiores del cerro.

A propósito, habrá que recordar que hacia finales de los años 40, una agencia de noticias, que tenía como director a un periodista de apellido Nogales, informó que el Cerro Rico estaba a punto de derrumbarse totalmente. La “noticia”, como era de esperar, causó alarma, pero no fue más que producto de la imaginación de aquél. En los 90, circulo también la versión de que una empresa quería explotar el cerro a cielo abierto y después reponer su forma original.

Herrera Sánchez del directorio de la Cooperativa de Teléfonos está detenido. se cumple así lo anunciado. tratan de amedrentar a las cooperativas cambs

Marco Chuquimia. La Paz

El gerente general de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpo), Mario Antonio Herrera Sánchez; el gerente de operaciones, Roberto Justiniano Áñez; y el ayudante de campo, Eduardo Sosa Chávez, fueron aprehendidos ayer por indicios de nexos con el supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa.
El fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, explicó que Herrera, como directivo de la Fexpo y miembro del directorio de Cotas, autorizó la instalación del Internet que tenía el grupo de Rózsa.
Sobre Justiniano Áñez explicó que estaba encargado de lo que ocurría internamente y que tenía las llaves de los diferentes stands, de acuerdo con las declaraciones de la ejecutiva de Fegasacruz, Marbel Villarroel. Sobre Sosa Chávez aseveró que existen fotografías y testimonios de personas que lo vinculan con el presunto grupo subversivo. La autoridad del Ministerio Público dijo que, al margen de sus declaraciones, los datos que aportaron los convocados servirán en la investigación y calificó los testimonios como ‘valiosos’.
Otras tres personas, Ricardo Moreno Antelo, jefe de campo; José Hurtado Duabyakosky, gerente administrativo; y Erman Mendoza Sameja, tractorista de la entidad, también prestaron sus declaraciones. No fueron detenidos porque Soza aseguró que no había elementos que indiquen su culpabilidad.
Los abogados que acompañaron a los declarantes, Abel Montaño, Ernesto Guiraldes y Edwin Tapia, denunciaron arbitrariedades del Ministerio Público porque los convocados acudieron a declarar de manera voluntaria. Montaño dijo que tal era el espíritu de cooperación que comparecieron ante el fiscal pese al conflicto de competencias que existe entre Santa Cruz y La Paz.
El profesional afirmó que los ejecutivos vinieron a presentarse porque se consideran inocentes y no tienen nada que ver con los hechos. “La Fiscalía los acusa de terrorismo y ésas son palabras mayores”, lamentó Montaño. Guiraldes, por su parte, tildó la detención como ilegal y señaló que acudieron porque consideraron que era un ‘deber jurídico’ y que los personeros que fueron a declarar ‘no tienen nada que ver’ en la denuncia de la Fiscalía.
Dijo que las fotografías que exhibieron los investigadores y el fiscal no son prueba sino indicios, y que por eso no pueden ser encarceladas las personas; el otro argumento de la ilegalidad es la incompetencia de la jueza.
Edwin Tapia dijo que la defensa no tuvo “acceso pleno” al cuaderno de investigaciones y mencionó que las supuestas pruebas que exhibió el Ministerio Público pueden ser rebatidas incluso porque “en esta era digital se puede hablar de fotomontaje”, y que ese extremo se debe dilucidar en la audiencia que fijarán las autoridades.
Soza manifestó que tiene plazo para presentar la imputación hasta hoy al mediodía y que la jueza, en horas de la tarde, fijará la audiencia de medidas cautelares, que puede realizarse el miércoles. Los cargos imputados son terrorismo y complicidad.
Esto provocó la reacción del Comité pro Santa Cruz, que citó a una reunión de directorio ampliado para hoy, en la que se convocará una Asamblea de la Cruceñidad. “Junto al Consejo de Derechos Humanos hemos decidido pedir a los citados que no se presenten a declarar a La Paz. Este fiscal es un abusivo, porque no tiene jurisdicción para privar de su libertad a tanta gente”, dijo Luis Núñez, presidente del Comité.
En un lacónico comunicado, la Fexpo aseguró: “Confiamos en que dicha situación (la cautelar de sus funcionarios) sea resuelta con equidad y eficiencia, ya que la institución y sus personeros han cooperado en todo momento con la investigación”.

primeras reacciones de los trabajadores de COTEL. nos protege contrato colectivo. no hay despido. queda descubierta primera finalidad colocar masistas

Los trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) cuentan con un contrato colectivo que los protege y evita la reducción de sus salarios, lo que impediría el plan de reestructuración y austeridad de la intervención de la empresa.

El 24 de enero del 2001, Cotel, representada por la Intervención (gestión de René Bustillos) y el Sindicato Único de Trabajadores de Cotel, suscribieron un contrato colectivo de trabajo, que fue homologado por el Ministerio de Trabajo, mediante Resolución Administrativa (RA) 006/01.

“El contrato colectivo es un documento que se ha presentado al Ministerio de Trabajo. Son conquistas laborales referidas a la antigüedad y carrera administrativa de los trabajadores”, dijo ayer el secretario ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de Cotel, Emilio López.

Cuando los trabajadores ingresaron en huelga, el 16 de junio de este año, el entonces principal ejecutivo de Cotel, Fernando Dips, anunció despidos, “en el marco del contrato colectivo vigente”.

Por su parte, el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Rodolfo Illanes, aseguró ayer desconocer sobre el tema. “No tenemos conocimiento de un contrato colectivo, por lo que debemos averiguar”.

Denominado también ‘convenio de trabajo’, el documento garantiza temas como salarios, horarios, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo y despidos. De esa forma, el Sindicato tiene la potestad de negar el retiro o despido de un trabajador, en contra de una determinación o de la Intervención. “Esa es su arma. Con ese contrato son intocables y eso les sirve para extorsionar a los trabajadores”, afirmó una ex consejera de la cooperativa.

El viceministro Illanes indicó que en caso de verificar la existencia del contrato colectivo, se analizarán los alcances y si fue homologado por el Ministerio de Trabajo. “Debemos investigar bajo qué condiciones se firmó ese contrato”, agregó.

OTROS DATOS

La intervención • El 18 de junio, el Ministerio de Trabajo intervino Cotel, inicialmente por 90 días, para realizar investigaciones y auditorías.

Austeridad • El interventor César Böhrt y su equipo ejecutivo determinaron reducir sus sueldos a menos de lo que gana un viceministro e instaron a los trabajadores a tomar esa misma decisión de austeridad.

Ninguna Cooperativa acepta Intervención

Mauricio Aira

Preámbulo: Cuando visitamos por primera vez la Cooperativa Mondragón en el norte de España y tuvimos el privilegio de repasar en sendos recorridos por sus unidades productivas los principios ideológicos que explican el éxito de su crecimiento indetenible fuimos confirmados en la Fe Cooperativa y la adhesión al gran movimiento que ha convertido a la Corporación en el primer grupo económico del País Vasco y en el séptimo de la Península Ibérica (durante muchos años fue el cuarto o el quinto grupo de mayor potencial) La circunstancia de haber sido intervenida la mayor cooperativa del departamento de La Paz, Bolivia (COTEL) por órdenes del gobierno de Evo Morales da paso a ciertas puntuaciones que no pueden ser soslayadas. De entrada reproducimos un corto artículo publicado en nuestro blog: www.boliviainfo.com luego Cooperativismo Solidario:

Aquí nació la Cooperativa Mondragón

Teniendo como valores: La Educación, la Democracia, la Solidaridad y el Trabajo.
Teniendo por ideología: El Humanismo Progresista de Ética comprometida
Teniendo por principios: 1. La Libre adhesión, 2. La organización democrática, 3. Soberanía del Trabajo, 4. El carácter instrumental y subordinado del capital. 5. La Participación en la gestión, 6. La Solidaridad retributiva, 7. La Intercooperación, 8. La Transformación social, 9. El carácter universal y 10. La Educación como principios. Mondragón proclamó que el Cooperativismo no lucha por liberar al hombre de la servidumbre sino que pretende que sea el propio hombre, cada uno desde su propia circunstancia el que busque su liberación. Por eso el Cooperativismo considera al hombre sujeto y no objeto de las acciones sociales, de los procesos políticos y los objetivos económicos. (ver imagen de la derecha superior)

Partiendo de la libre adhesión que originó la existencia de COTEL en la que sus miembros asociados decidieron organizarse democráticamente, es decir por cada socio un voto, tanto para la elección de los socios responsables del funcionamiento de la unidad, respetando las áreas tradicionales en que se organiza, esto es un Concejo Administrativo, otro de Vigilancia , cuanto para el control y buena marcha de la unidad, además de todos los comités necesarios, según las finalidades y características que puedan garantizar la participación gestionaria, la Cooperativa es la mejor forma que se conozca hasta hoy para llevar a feliz término las aspiraciones colectivas de un determinado núcleo humano. En el caso que nos ocupa de los servicios telefónicos.

No se puede aceptar una intervención foránea bajo ningún pretexto. En el caso de COTEL se aducen malos manejos financieros y tal cual se esperaba vánse descubriendo “escándalos administrativos” que pueden hacer pensar en una justificación del acto de intervenir, esto es de violar el principio de independencia que debe existir en la sociedad para que funcione el sistema cooperativo. No es posible aceptar como legítima la socorrida “maniobra que se exhibe” de cuando en vez para explicar la intervención de fuerzas políticas interesadas en tomar el control político de las cooperativas. Dónde queda entonces la autoregulación, el autocontrol administrativo y societario que poseen las cooperativas con total capacidad y posiblidad de descubrir y enmendar errores, enderezar acciones gerenciales o administrativas que entran en el plano de la contradicción o que comprobadamente provoquen daños y perjuicios al sistema.

Cuando se advierten fallos en la conducción cooperativa inmediatamente suenan las alarmas en el concejo administrativo que registra las anomalías en las actas que son periódica y sistemáticamente revisadas por “los vigilantes”. Si “los administradores” desoyen las llamadas de atención y no corrigen entonces los primeros tienen todo el poder para convocar al colectivo y presentar sus informes y sugerencias para enderezar la vida de la Cooperativa.

Lo que tratamos de explicar es que una cooperativa posee los mecanismos para automedicinarse y cortar las irregularidades. Si ello no sucede están los organismos paralelos del sistema cooperativo en el caso de ahorro y crédito sus agrupaciones distritales o nacionales, en los de consumo o servicios lo propio de manera que la solidaridad invocada por los principios ideológicos se aplique sobre todo para mantener la unidad del sistema. Así ha ocurrido con Mondragón desde sus inicios en 1956 cuando un joven sacerdote tuvo la feliz iniciativa de arrancar con la producción de los anafes a kerosene conocidos en el mundo entero “fagor” hasta el día de hoy con más de cien mil asociados, 85 mil trabajadores, y que constituye la mayor empresa cooperativa a nivel mundial.

Que dentro de la cooperativa existe descontento resulta natural, que personas sin escrúpulo impulsan soluciones desde fuera en lugar de encontrarlas dentro, no resulta nada extraño, sirva de ejemplo, la acción de un puñado de disconformes de COMTECO (la similar de Cotel, pero en Cochabamba) que han venido propalando descrédito, desinformación, intriga y daño permanente, organizados en grupos de propaganda que, curiosamente funcionó en plena Plaza 14 de Septiembre durante largo tiempo. Los grupos en cuestión perseguían “la intervención de COMTECO y la destitución de sus ejecutivos (el personal gerencial) y de Directores. Lo incorrecto está en secundar tales despropósitos con fines de copamiento político sea por partidos o sectores de partidos que ven en las cooperativas un instrumento de acción política como fuente de empleo para sus militantes o como pivote para la maniobra.

El tema no termina aquí, por cuanto no se advierte una protesta principista de los cooperados en COTEL. Porqué no se publica ninguna reacción interna y oficial que hubiera seguido al abusivo despliegue policial de la intervención, verdadera afrenta al movimiento cooperativo. Es tan grande la desinformación que tuvieron extraordinaria acogida las voces de descontento que bajo el pretexto de defender su cooperativa permitieron y justificaron la intervención. Tal cual ocurrió en ocasiones precedentes no tardaremos en conocer que el remedio resultó peor que la enfermedad. Los excesos administrativos y otros serán pronto conocidos por el colectivo afectado.

Palo Santo nos previene después de COTEL vendrá COMTECO y luego TELECEL porque la angurria del MAS pide más pegas y mayor control para robar las coope

Desde hace tiempo las cooperativas telefónicas se encuentran en la mira del gobierno. Se trata de un botín demasiado apetitoso para que pase desapercibido para los angurrientos impulsores del “proceso de cambio”.

La intervención de la Cooperativa de Telefónos de La Paz (Cotel) fue la culminación de todo un plan meticulosamente aplicado, con la paradójica complicidad de los ejecutivos de la institución, quienes viabilizaron la sistemática incursión de los masistas en la empresa.

Los principales operadores de esta paulatina toma de Cotel fueron el grupo conocido como “los satucos”, dirigidos por el diputado masista Gustavo Torrico y la Central Obrera Regional de El Alto, encabezada por Edgar Patana.

Ambos grupos consiguieron una serie de prebendas que fueron generosamente concedidas por el presidente del Consejo de Administración, Fernando Dips y del Consejo de Vigilancia, Jaime Siles, con el compromiso de no ser molestados y poder prolongar su gestión contra toda norma estatutaria.

Sin embargo es axiomático que cuando se tiene una parte del poder se acaba por pretenderlo todo. Una concesión conlleva otra.

En principio diputados “satucos” como Humberto Equiapaza se hicieron cargo del servicio de fotocopiadoras en el edificio principal de la empresa y, más aún, impusieron el nombramiento de sus miembros en importantes cargos de la cooperativa. El también diputado René Ramos era un asiduo concurrente al despacho de Dips y se sabe que sus visitas no eran de cortesía.

Patana, por su parte, no se quedaba atrás y logró colocar a varios de sus allegados en la cooperativa. La presión que ejercía era permanente y las amenazas de movilizaciones, constantes. Como se sabe, el dirigente alteño utiliza idénticos métodos en la Aduana Nacional.

Dips y Siles se doblegaban fácilmente ante las presiones y más de un dirigente sindical alteño exigía que se le de servicio telefónico en forma gratuita o pedía aportes para supuestas atenciones médicas para él o sus familiares.

Cotel debió también poner dinero para solventar movilizaciones de los alteños contra el parlamento nacional, pero seguramente las auditorías anunciadas por el interventor no arrojarán mayores datos sobre este tema.

Los dirigentes del sindicato de trabajadores de Cotel tampoco se caracterizaron por su honestidad. La lista de sus familiares en las planillas de la empresa es larga, sus salarios y bonos nada despreciables frente a un servicio deficiente del que son víctimas los “socios” de la cooperativa, que jamás recibieron un beneficio por sus acciones y menos aun explicaciones del manejo de la institución.

Fernándo Dips abrió la puerta y los masistas entraron en tropel. Es sugestiva la tranquilidad con la que recibió la intervención y existen elementos para suponer que desde un principio existió una especie de “pacto” con el gobierno.

En suma, en Cotel todos metieron la mano y quebraron a la cooperativa. Los únicos perjudicados resultan ser los usuarios y, peor aún, podría ser el preámbulo para que el gobierno ejecute acciones similares en otras cooperativas telefónicas del país. Cotas de Santa Cruz es la que sigue con el argumento de un supuesto apoyo al grupo “terrorista-separatista” de Rozsa.

Si la intervención de Cotel y eventualmente de otras empresas, tendría el propósito de acabar con la corrupción, el nepotismo y el mal servicio, el apoyo de la población debiera ser unánime, pero si están los masistas de por medio, la medida no es más que el cambio de una mafia por otra.