Marco Chuquimia. La Paz
El gerente general de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpo), Mario Antonio Herrera Sánchez; el gerente de operaciones, Roberto Justiniano Áñez; y el ayudante de campo, Eduardo Sosa Chávez, fueron aprehendidos ayer por indicios de nexos con el supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa.
El fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, explicó que Herrera, como directivo de la Fexpo y miembro del directorio de Cotas, autorizó la instalación del Internet que tenía el grupo de Rózsa.
Sobre Justiniano Áñez explicó que estaba encargado de lo que ocurría internamente y que tenía las llaves de los diferentes stands, de acuerdo con las declaraciones de la ejecutiva de Fegasacruz, Marbel Villarroel. Sobre Sosa Chávez aseveró que existen fotografías y testimonios de personas que lo vinculan con el presunto grupo subversivo. La autoridad del Ministerio Público dijo que, al margen de sus declaraciones, los datos que aportaron los convocados servirán en la investigación y calificó los testimonios como ‘valiosos’.
Otras tres personas, Ricardo Moreno Antelo, jefe de campo; José Hurtado Duabyakosky, gerente administrativo; y Erman Mendoza Sameja, tractorista de la entidad, también prestaron sus declaraciones. No fueron detenidos porque Soza aseguró que no había elementos que indiquen su culpabilidad.
Los abogados que acompañaron a los declarantes, Abel Montaño, Ernesto Guiraldes y Edwin Tapia, denunciaron arbitrariedades del Ministerio Público porque los convocados acudieron a declarar de manera voluntaria. Montaño dijo que tal era el espíritu de cooperación que comparecieron ante el fiscal pese al conflicto de competencias que existe entre Santa Cruz y La Paz.
El profesional afirmó que los ejecutivos vinieron a presentarse porque se consideran inocentes y no tienen nada que ver con los hechos. “La Fiscalía los acusa de terrorismo y ésas son palabras mayores”, lamentó Montaño. Guiraldes, por su parte, tildó la detención como ilegal y señaló que acudieron porque consideraron que era un ‘deber jurídico’ y que los personeros que fueron a declarar ‘no tienen nada que ver’ en la denuncia de la Fiscalía.
Dijo que las fotografías que exhibieron los investigadores y el fiscal no son prueba sino indicios, y que por eso no pueden ser encarceladas las personas; el otro argumento de la ilegalidad es la incompetencia de la jueza.
Edwin Tapia dijo que la defensa no tuvo “acceso pleno” al cuaderno de investigaciones y mencionó que las supuestas pruebas que exhibió el Ministerio Público pueden ser rebatidas incluso porque “en esta era digital se puede hablar de fotomontaje”, y que ese extremo se debe dilucidar en la audiencia que fijarán las autoridades.
Soza manifestó que tiene plazo para presentar la imputación hasta hoy al mediodía y que la jueza, en horas de la tarde, fijará la audiencia de medidas cautelares, que puede realizarse el miércoles. Los cargos imputados son terrorismo y complicidad.
Esto provocó la reacción del Comité pro Santa Cruz, que citó a una reunión de directorio ampliado para hoy, en la que se convocará una Asamblea de la Cruceñidad. “Junto al Consejo de Derechos Humanos hemos decidido pedir a los citados que no se presenten a declarar a La Paz. Este fiscal es un abusivo, porque no tiene jurisdicción para privar de su libertad a tanta gente”, dijo Luis Núñez, presidente del Comité.
En un lacónico comunicado, la Fexpo aseguró: “Confiamos en que dicha situación (la cautelar de sus funcionarios) sea resuelta con equidad y eficiencia, ya que la institución y sus personeros han cooperado en todo momento con la investigación”.
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