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sábado, 22 de noviembre de 2008

bolivia carece de tipificación de estafa que cometen inmobiliarias y otras en detrimento de una masa indefensa. interesante!

Existen vacíos y términos legales que mueven a interpretación interesada de los acusados, para salvarse de un proceso y posterior condena por delitos económicos y financieros.Esa es la conclusión del segundo y último día de la videconferencia auspiciada por el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos, Valores y Seguros.Este evento con el rótulo “Estafas Piramidales en Bolivia y el mundo”, tuvo por objeto dar a conocer la forma de operar de entidades financieras que no son reconocidas ni supervisadas por la Superintendencia de Bancos y que por este motivo no brindan ninguna garantía para las personas que depositan su dinero.La preocupación de las autoridades de gobierno y a superintendencia tiene relación con el escándalo y caos desatado en Colombia por la quiebra de varias entidades captadoras de ahorros y la existencia de organizaciones así en Bolivia, como Roghel y anteriormente ORCOBOL y FINSA.
La quiebra trajo la miseria para miles de colombianos y bolivianos, por lo que sabe hasta ahora también la muerte por diferentes motivos de tres de ellos.InvestigacionesEn el último día de la conferencia generada desde La Paz para todo el país mediante la señal que se recepcionó en Cochabamba en el salón auditorio de ENTEL, participaron el My. Carlos Aguilera, de la División de Delitos Económicos de la Policía Nacional, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, y el fiscal de Materia económica, Alberto La Torre Zurita.Todos ellos coincidieron en que a pesar de los máximos esfuerzos que se hagan en el Ministerio Público, Superintendencia y Policía, el ordenamiento jurídico vigente no apoya ni acompaña las acciones para sancionar a los responsables de los delitos financieros.
El oficial expuso que los policías no siempre llevan a cabo sus tareas investigativas en las mejores condiciones y con los elementos necesarios, a pesar de lo cual, se hacen todos los esfuerzos para dar con los presuntos autores de delitos.Bernardo Wayar, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, dijo que fue un grave error la modificación de la Ley de Bancos emitida en 1993, porque suprimió artículos que tipificaban y sancionaban con claridad los delitos relacionados a estafas y recaudación fraudulenta de ahorros.
El abogado manifestó que producto de esto fueron, por ejemplo, las operaciones ilegales de FINSA y ORCOBOL en Cochabamba, que dejaron prácticamente en la calle a cientos de ahorristas.“A todo esto se suma que el Código Penal no contempla específicamente el delito que cometen las empresas pirámides, de este vacío se valieron en el pasado los responsables de estos delitos y sigue ocurriendo en el presente”, sostuvo Wayar. SuperintendenciaDestacó que la Superintendencia de Bancos, tampoco debe actuar como simple veedora aduciendo que como estas empresas son ilegales es un tema que no le incumbe, se trata de un organismo supervisor que debe velar por la salud de todo el sistema financiero con información oportuna, clara y directa a la población sobre los riesgos que reporta depositar su dinero en una entidad que no es reconocida por el Estado.
El funconario recordó que la Superintendencia es la única entidad reguladora del sistema bancario en el país, así debe ser reconocida y en consecuencia cumplir su rol fiscalizador.Dijo que lo que Bolivia careció y carece de políticas públicas que permitan abrir un paraguas para dar seguridad a las personas y ahorristas en particular.
La crónica aparece en la sección economía del diario cooperativo OPINION

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