ahora se viene otra intervención a Sudamérica mal llamada cooperativa. en realidad como lo dijimos en su momento se trata de una "lavadora de dólares"

La Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Trabajo, a través de su representación regional en Santa Cruz, prevé intervenir la cooperativa Sudamérica por la comisión de diversas irregularidades, según lo indicó el responsable de esa oficina, Isidro Moscoso Peña.

De acuerdo con esa autoridad, Sudamérica es una cooperativa cerrada que está bajo tuición de la Dirección Nacional de Cooperativas. En ese contexto, esa entidad estatal envió varias cartas a los ejecutivos de Sudamérica para solicitarle información con respecto a los estados financieros, estatutos, reglamentos internos, la lista y cargo de los trabajadores y la ubicación de sus agencias. También la Dirección Departamental de Cooperativas exigió que el dinero de los socios sea devuelto cuanto antes.

Sin embargo, Moscoso lamentó que hasta el momento los directivos de Sudamérica no hayan respondido a las solicitudes.
Entre las irregularidades que Moscoso señala están la no devolución de las cajas de ahorro y los Depósitos a Plazo Fijo (DFP) a sus ahorristas, el no pago de intereses y también la apropiación ilegal de los aportes de los trabajadores que fueron descontados durante dos años y no se entregaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La intervención se estima que se producirá a más tardar el viernes de la próxima semana, aclaró Moscoso.

Añadió que los bienes de esa cooperativa deben ser rematados para pagar a los ahorristas.

En las oficinas de Sudamérica no hay ningún ejecutivo que quiera responder a la prensa. La encargada de hacer el traspaso de los ahorristas a la cooperativa La Trinidad, Fátima Canizares, no quiso emitir ningún criterio, pues afirmó no ser la persona autorizada. Asimismo, Moscoso dijo que si los socios son transferidos a La Trinidad, pedirá un informe a los ejecutivos de esa cooperativa para ver qué garantías existen de que se devolverá el dinero y en qué tiempo. Por otra parte, la investigación ordenada por el fiscal de Distrito, Jaime Soliz, no avanzó casi nada después de varios meses.

ASFI vigilará la norma

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sostuvo a través de su director ejecutivo, Ernesto Rivero, que la compra-venta de la cartera de ahorristas de la cooperativa Sudamérica a La Trinidad no ha cumplido los pasos que establece la norma para este tipo de casos. “Nos hemos sorprendido de esta determinación unilateral que han realizado estas dos cooperativas con un desconocimiento absoluto de la ASFI”, dijo Rivero.

Afirmó que procederán a recopilar antecedentes para analizar qué es lo que ha pasado y a base de eso tomar medidas.

Expresó que la ASFI adoptará acciones para que se garanticen los ahorros de los asociados de ambas cooperativas.

El gerente de La Trinidad, Jorge Roca Urioste, ratificó que la operación fue de conocimiento de la ASFI.

la intervención a COTEL debió terminar a los 30 días. han pasado 40 y ahora se determina prisión para líderes y administrativos

La Intervención a la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), resuelta hace un mes por el Gobierno boliviano, demandó ayer al Ministerio Público la aprehensión de los 10 integrantes de los consejos de Administración y Vigilancia de la telefónica, entre ellos las cabezas de ambos organismos, Fernando Dips Zogby y Jaime Siles Hoyos, por un desfalco de $us 6,6 millones.
"Los delitos cometidos tienen que ver con el sobreprecio de $us 6,6 millones en la compra irregular de la infraestructura obsoleta de la empresa ITS (Televisión Satelital Cable Color), de la ciudad de Santa Cruz, en junio de 2008. ITS tenía un valor total de cuota de capital de 757.680 dólares y los ex consejeros pagaron $us 7,4 millones, es decir, un sobreprecio de 6,6 millones de dólares.
“Esta información se desprende de los contratos que suscribieron la empresa y la cooperativa paceña", confirmó en un boletín de Cotel entregado a la prensa por los interventores.
La decisión de formalizar la demanda contra los consejeros de administración y de vigilancia fue adoptada después de que la intervención detectara irregularidades en la adquisición, por parte de Cotel, de los activos de la empresa Televisión Satelital Cable Color (ITS).
También fue acusado el gerente de la compañía de comunicaciones, Gonzalo Angles Rivero.
La transacción careció, según el boletín, de evaluaciones técnicas para sustentar o justificar la compra irregular y, menos, respondió a un plan estratégico de expansión, desarrollo de infraestructura de red y fortalecimiento de servicios de Cotel".
La intervención a la telefónica, encabezada por César Börth, demandó "la aprehensión de los diez suspendidos consejeros de administración y de vigilancia de la cooperativa, por los delitos penales de asociación delictiva, encubrimiento, recepción, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, abuso de confianza, agravamiento en caso de víctimas múltiples y también de daño calificado".
Börth también solicitó, ante la oficina de Derechos Reales, la hipoteca legal, secuestro y retención de bienes inmuebles de los formalizados, "ante la posibilidad de fuga u obstaculización de las investigaciones judiciales".
La intervención reveló, de entrada, una serie de concesiones con privados rayanas en la corrupción, por parte de la administración de Dips Zogby, entre otros tópicos, intercambios de servicios de televisión por cable por atenciones de peluquería y también por aposentos en hoteles de lujo.

cooperativas mineras salvarán la forma cónica de la punta del legendario "cerro de Potosí"

La institución cívica y los cooperativistas mineros de Potosí acordaron elaborar una propuesta al Gobierno para normar la explotación de plata en el Cerro Rico, porque su estructura cónica se encuentra en riesgo de derrumbarse o sufrir por lo menos un daño mayor.

El Cerro Rico tendría que ser reconocida como la mayor joya natural del mundo, porque de sus entrañas se extrae el metal blanco desde hace cinco siglos, sin que, en ese lapso, hubiera tenido un solo día en el que no hubiera sido explotado.

Las cotas (la punta) del fabuloso cerro se hallan entre los 4.400 y 4.700 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que le confiere una mayor singularidad, puesto que en el mundo no existe otro caso similar.

El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Gerardo Coro, quien actuó de mediador entre cívicos y cooperativistas, porque no se ponían de acuerdo en lo que correspondía hacer, explicó que la preservación de la morfología del cerro pasaría por fijar límites técnicos para la explotación, entre las cotas mencionadas.

Por su parte, el director general de Minería, Freddy Beltrán, dijo que el ministerio del área apoyará el acuerdo al que lleguen cívicos y cooperativistas, aunque éste defina la paralización momentánea de operaciones mineras en las cotas superiores del cerro.

A propósito, habrá que recordar que hacia finales de los años 40, una agencia de noticias, que tenía como director a un periodista de apellido Nogales, informó que el Cerro Rico estaba a punto de derrumbarse totalmente. La “noticia”, como era de esperar, causó alarma, pero no fue más que producto de la imaginación de aquél. En los 90, circulo también la versión de que una empresa quería explotar el cerro a cielo abierto y después reponer su forma original.

Herrera Sánchez del directorio de la Cooperativa de Teléfonos está detenido. se cumple así lo anunciado. tratan de amedrentar a las cooperativas cambs

Marco Chuquimia. La Paz

El gerente general de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpo), Mario Antonio Herrera Sánchez; el gerente de operaciones, Roberto Justiniano Áñez; y el ayudante de campo, Eduardo Sosa Chávez, fueron aprehendidos ayer por indicios de nexos con el supuesto grupo terrorista de Eduardo Rózsa.
El fiscal que investiga el caso, Marcelo Soza, explicó que Herrera, como directivo de la Fexpo y miembro del directorio de Cotas, autorizó la instalación del Internet que tenía el grupo de Rózsa.
Sobre Justiniano Áñez explicó que estaba encargado de lo que ocurría internamente y que tenía las llaves de los diferentes stands, de acuerdo con las declaraciones de la ejecutiva de Fegasacruz, Marbel Villarroel. Sobre Sosa Chávez aseveró que existen fotografías y testimonios de personas que lo vinculan con el presunto grupo subversivo. La autoridad del Ministerio Público dijo que, al margen de sus declaraciones, los datos que aportaron los convocados servirán en la investigación y calificó los testimonios como ‘valiosos’.
Otras tres personas, Ricardo Moreno Antelo, jefe de campo; José Hurtado Duabyakosky, gerente administrativo; y Erman Mendoza Sameja, tractorista de la entidad, también prestaron sus declaraciones. No fueron detenidos porque Soza aseguró que no había elementos que indiquen su culpabilidad.
Los abogados que acompañaron a los declarantes, Abel Montaño, Ernesto Guiraldes y Edwin Tapia, denunciaron arbitrariedades del Ministerio Público porque los convocados acudieron a declarar de manera voluntaria. Montaño dijo que tal era el espíritu de cooperación que comparecieron ante el fiscal pese al conflicto de competencias que existe entre Santa Cruz y La Paz.
El profesional afirmó que los ejecutivos vinieron a presentarse porque se consideran inocentes y no tienen nada que ver con los hechos. “La Fiscalía los acusa de terrorismo y ésas son palabras mayores”, lamentó Montaño. Guiraldes, por su parte, tildó la detención como ilegal y señaló que acudieron porque consideraron que era un ‘deber jurídico’ y que los personeros que fueron a declarar ‘no tienen nada que ver’ en la denuncia de la Fiscalía.
Dijo que las fotografías que exhibieron los investigadores y el fiscal no son prueba sino indicios, y que por eso no pueden ser encarceladas las personas; el otro argumento de la ilegalidad es la incompetencia de la jueza.
Edwin Tapia dijo que la defensa no tuvo “acceso pleno” al cuaderno de investigaciones y mencionó que las supuestas pruebas que exhibió el Ministerio Público pueden ser rebatidas incluso porque “en esta era digital se puede hablar de fotomontaje”, y que ese extremo se debe dilucidar en la audiencia que fijarán las autoridades.
Soza manifestó que tiene plazo para presentar la imputación hasta hoy al mediodía y que la jueza, en horas de la tarde, fijará la audiencia de medidas cautelares, que puede realizarse el miércoles. Los cargos imputados son terrorismo y complicidad.
Esto provocó la reacción del Comité pro Santa Cruz, que citó a una reunión de directorio ampliado para hoy, en la que se convocará una Asamblea de la Cruceñidad. “Junto al Consejo de Derechos Humanos hemos decidido pedir a los citados que no se presenten a declarar a La Paz. Este fiscal es un abusivo, porque no tiene jurisdicción para privar de su libertad a tanta gente”, dijo Luis Núñez, presidente del Comité.
En un lacónico comunicado, la Fexpo aseguró: “Confiamos en que dicha situación (la cautelar de sus funcionarios) sea resuelta con equidad y eficiencia, ya que la institución y sus personeros han cooperado en todo momento con la investigación”.

primeras reacciones de los trabajadores de COTEL. nos protege contrato colectivo. no hay despido. queda descubierta primera finalidad colocar masistas

Los trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) cuentan con un contrato colectivo que los protege y evita la reducción de sus salarios, lo que impediría el plan de reestructuración y austeridad de la intervención de la empresa.

El 24 de enero del 2001, Cotel, representada por la Intervención (gestión de René Bustillos) y el Sindicato Único de Trabajadores de Cotel, suscribieron un contrato colectivo de trabajo, que fue homologado por el Ministerio de Trabajo, mediante Resolución Administrativa (RA) 006/01.

“El contrato colectivo es un documento que se ha presentado al Ministerio de Trabajo. Son conquistas laborales referidas a la antigüedad y carrera administrativa de los trabajadores”, dijo ayer el secretario ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de Cotel, Emilio López.

Cuando los trabajadores ingresaron en huelga, el 16 de junio de este año, el entonces principal ejecutivo de Cotel, Fernando Dips, anunció despidos, “en el marco del contrato colectivo vigente”.

Por su parte, el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Rodolfo Illanes, aseguró ayer desconocer sobre el tema. “No tenemos conocimiento de un contrato colectivo, por lo que debemos averiguar”.

Denominado también ‘convenio de trabajo’, el documento garantiza temas como salarios, horarios, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo y despidos. De esa forma, el Sindicato tiene la potestad de negar el retiro o despido de un trabajador, en contra de una determinación o de la Intervención. “Esa es su arma. Con ese contrato son intocables y eso les sirve para extorsionar a los trabajadores”, afirmó una ex consejera de la cooperativa.

El viceministro Illanes indicó que en caso de verificar la existencia del contrato colectivo, se analizarán los alcances y si fue homologado por el Ministerio de Trabajo. “Debemos investigar bajo qué condiciones se firmó ese contrato”, agregó.

OTROS DATOS

La intervención • El 18 de junio, el Ministerio de Trabajo intervino Cotel, inicialmente por 90 días, para realizar investigaciones y auditorías.

Austeridad • El interventor César Böhrt y su equipo ejecutivo determinaron reducir sus sueldos a menos de lo que gana un viceministro e instaron a los trabajadores a tomar esa misma decisión de austeridad.

Ninguna Cooperativa acepta Intervención

Mauricio Aira

Preámbulo: Cuando visitamos por primera vez la Cooperativa Mondragón en el norte de España y tuvimos el privilegio de repasar en sendos recorridos por sus unidades productivas los principios ideológicos que explican el éxito de su crecimiento indetenible fuimos confirmados en la Fe Cooperativa y la adhesión al gran movimiento que ha convertido a la Corporación en el primer grupo económico del País Vasco y en el séptimo de la Península Ibérica (durante muchos años fue el cuarto o el quinto grupo de mayor potencial) La circunstancia de haber sido intervenida la mayor cooperativa del departamento de La Paz, Bolivia (COTEL) por órdenes del gobierno de Evo Morales da paso a ciertas puntuaciones que no pueden ser soslayadas. De entrada reproducimos un corto artículo publicado en nuestro blog: www.boliviainfo.com luego Cooperativismo Solidario:

Aquí nació la Cooperativa Mondragón

Teniendo como valores: La Educación, la Democracia, la Solidaridad y el Trabajo.
Teniendo por ideología: El Humanismo Progresista de Ética comprometida
Teniendo por principios: 1. La Libre adhesión, 2. La organización democrática, 3. Soberanía del Trabajo, 4. El carácter instrumental y subordinado del capital. 5. La Participación en la gestión, 6. La Solidaridad retributiva, 7. La Intercooperación, 8. La Transformación social, 9. El carácter universal y 10. La Educación como principios. Mondragón proclamó que el Cooperativismo no lucha por liberar al hombre de la servidumbre sino que pretende que sea el propio hombre, cada uno desde su propia circunstancia el que busque su liberación. Por eso el Cooperativismo considera al hombre sujeto y no objeto de las acciones sociales, de los procesos políticos y los objetivos económicos. (ver imagen de la derecha superior)

Partiendo de la libre adhesión que originó la existencia de COTEL en la que sus miembros asociados decidieron organizarse democráticamente, es decir por cada socio un voto, tanto para la elección de los socios responsables del funcionamiento de la unidad, respetando las áreas tradicionales en que se organiza, esto es un Concejo Administrativo, otro de Vigilancia , cuanto para el control y buena marcha de la unidad, además de todos los comités necesarios, según las finalidades y características que puedan garantizar la participación gestionaria, la Cooperativa es la mejor forma que se conozca hasta hoy para llevar a feliz término las aspiraciones colectivas de un determinado núcleo humano. En el caso que nos ocupa de los servicios telefónicos.

No se puede aceptar una intervención foránea bajo ningún pretexto. En el caso de COTEL se aducen malos manejos financieros y tal cual se esperaba vánse descubriendo “escándalos administrativos” que pueden hacer pensar en una justificación del acto de intervenir, esto es de violar el principio de independencia que debe existir en la sociedad para que funcione el sistema cooperativo. No es posible aceptar como legítima la socorrida “maniobra que se exhibe” de cuando en vez para explicar la intervención de fuerzas políticas interesadas en tomar el control político de las cooperativas. Dónde queda entonces la autoregulación, el autocontrol administrativo y societario que poseen las cooperativas con total capacidad y posiblidad de descubrir y enmendar errores, enderezar acciones gerenciales o administrativas que entran en el plano de la contradicción o que comprobadamente provoquen daños y perjuicios al sistema.

Cuando se advierten fallos en la conducción cooperativa inmediatamente suenan las alarmas en el concejo administrativo que registra las anomalías en las actas que son periódica y sistemáticamente revisadas por “los vigilantes”. Si “los administradores” desoyen las llamadas de atención y no corrigen entonces los primeros tienen todo el poder para convocar al colectivo y presentar sus informes y sugerencias para enderezar la vida de la Cooperativa.

Lo que tratamos de explicar es que una cooperativa posee los mecanismos para automedicinarse y cortar las irregularidades. Si ello no sucede están los organismos paralelos del sistema cooperativo en el caso de ahorro y crédito sus agrupaciones distritales o nacionales, en los de consumo o servicios lo propio de manera que la solidaridad invocada por los principios ideológicos se aplique sobre todo para mantener la unidad del sistema. Así ha ocurrido con Mondragón desde sus inicios en 1956 cuando un joven sacerdote tuvo la feliz iniciativa de arrancar con la producción de los anafes a kerosene conocidos en el mundo entero “fagor” hasta el día de hoy con más de cien mil asociados, 85 mil trabajadores, y que constituye la mayor empresa cooperativa a nivel mundial.

Que dentro de la cooperativa existe descontento resulta natural, que personas sin escrúpulo impulsan soluciones desde fuera en lugar de encontrarlas dentro, no resulta nada extraño, sirva de ejemplo, la acción de un puñado de disconformes de COMTECO (la similar de Cotel, pero en Cochabamba) que han venido propalando descrédito, desinformación, intriga y daño permanente, organizados en grupos de propaganda que, curiosamente funcionó en plena Plaza 14 de Septiembre durante largo tiempo. Los grupos en cuestión perseguían “la intervención de COMTECO y la destitución de sus ejecutivos (el personal gerencial) y de Directores. Lo incorrecto está en secundar tales despropósitos con fines de copamiento político sea por partidos o sectores de partidos que ven en las cooperativas un instrumento de acción política como fuente de empleo para sus militantes o como pivote para la maniobra.

El tema no termina aquí, por cuanto no se advierte una protesta principista de los cooperados en COTEL. Porqué no se publica ninguna reacción interna y oficial que hubiera seguido al abusivo despliegue policial de la intervención, verdadera afrenta al movimiento cooperativo. Es tan grande la desinformación que tuvieron extraordinaria acogida las voces de descontento que bajo el pretexto de defender su cooperativa permitieron y justificaron la intervención. Tal cual ocurrió en ocasiones precedentes no tardaremos en conocer que el remedio resultó peor que la enfermedad. Los excesos administrativos y otros serán pronto conocidos por el colectivo afectado.

Palo Santo nos previene después de COTEL vendrá COMTECO y luego TELECEL porque la angurria del MAS pide más pegas y mayor control para robar las coope

Desde hace tiempo las cooperativas telefónicas se encuentran en la mira del gobierno. Se trata de un botín demasiado apetitoso para que pase desapercibido para los angurrientos impulsores del “proceso de cambio”.

La intervención de la Cooperativa de Telefónos de La Paz (Cotel) fue la culminación de todo un plan meticulosamente aplicado, con la paradójica complicidad de los ejecutivos de la institución, quienes viabilizaron la sistemática incursión de los masistas en la empresa.

Los principales operadores de esta paulatina toma de Cotel fueron el grupo conocido como “los satucos”, dirigidos por el diputado masista Gustavo Torrico y la Central Obrera Regional de El Alto, encabezada por Edgar Patana.

Ambos grupos consiguieron una serie de prebendas que fueron generosamente concedidas por el presidente del Consejo de Administración, Fernando Dips y del Consejo de Vigilancia, Jaime Siles, con el compromiso de no ser molestados y poder prolongar su gestión contra toda norma estatutaria.

Sin embargo es axiomático que cuando se tiene una parte del poder se acaba por pretenderlo todo. Una concesión conlleva otra.

En principio diputados “satucos” como Humberto Equiapaza se hicieron cargo del servicio de fotocopiadoras en el edificio principal de la empresa y, más aún, impusieron el nombramiento de sus miembros en importantes cargos de la cooperativa. El también diputado René Ramos era un asiduo concurrente al despacho de Dips y se sabe que sus visitas no eran de cortesía.

Patana, por su parte, no se quedaba atrás y logró colocar a varios de sus allegados en la cooperativa. La presión que ejercía era permanente y las amenazas de movilizaciones, constantes. Como se sabe, el dirigente alteño utiliza idénticos métodos en la Aduana Nacional.

Dips y Siles se doblegaban fácilmente ante las presiones y más de un dirigente sindical alteño exigía que se le de servicio telefónico en forma gratuita o pedía aportes para supuestas atenciones médicas para él o sus familiares.

Cotel debió también poner dinero para solventar movilizaciones de los alteños contra el parlamento nacional, pero seguramente las auditorías anunciadas por el interventor no arrojarán mayores datos sobre este tema.

Los dirigentes del sindicato de trabajadores de Cotel tampoco se caracterizaron por su honestidad. La lista de sus familiares en las planillas de la empresa es larga, sus salarios y bonos nada despreciables frente a un servicio deficiente del que son víctimas los “socios” de la cooperativa, que jamás recibieron un beneficio por sus acciones y menos aun explicaciones del manejo de la institución.

Fernándo Dips abrió la puerta y los masistas entraron en tropel. Es sugestiva la tranquilidad con la que recibió la intervención y existen elementos para suponer que desde un principio existió una especie de “pacto” con el gobierno.

En suma, en Cotel todos metieron la mano y quebraron a la cooperativa. Los únicos perjudicados resultan ser los usuarios y, peor aún, podría ser el preámbulo para que el gobierno ejecute acciones similares en otras cooperativas telefónicas del país. Cotas de Santa Cruz es la que sigue con el argumento de un supuesto apoyo al grupo “terrorista-separatista” de Rozsa.

Si la intervención de Cotel y eventualmente de otras empresas, tendría el propósito de acabar con la corrupción, el nepotismo y el mal servicio, el apoyo de la población debiera ser unánime, pero si están los masistas de por medio, la medida no es más que el cambio de una mafia por otra.