ratifica Dips su denuncia de haber sido extorsionados los consejeros de Cotel y haber entregado de manos del Gerente 60 mil dólares a Illanes.

El ex presidente del Consejo de Administración de Cotel, Fernando Dips, denunció este miércoles que el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Rodolfo Illanes, chantajeó y extorsionó desde el Palacio de Gobierno a la Cooperativa de Teléfonos La Paz.

Dips, en contacto telefónico con la Red Erbol, aseguró que Illanes recibió 10 mil dólares mensuales de Cotel en más de seis ocasiones, además de una cuota adicional, a cambio de la no intervención de la Cooperativa durante la gestión 2006.

Illanes, por su lado, calificó de injurias y calumnias las denuncias en su contra y anunció un juicio criminal ante la justicia y el Ministerio de Transparencia, según la ABI.

Dips por su parte, dijo que hacía ésta denuncia "previa meditación por la gravedad del tema, una de las cosas malas que hicimos es someternos al chantaje y extorsión de Illanes, quien el 2006 desde el Palacio de Gobierno chantajeaba de manera permanentemente al entonces gerente general de Cotel, René Escobar, a quien le aseguraba que en cualquier momento se iba a producir una intervención de la Cooperativa si es que nosotros no llegábamos a ciertos acuerdos”, afirmó a Erbol.

Illanes sostuvo que "él hablaba de que eran los consejeros supongo que son de administración y vigilancia que aportaban cada mes 900 dólares que sumaba alrededor de 10.000 dólares para sobornarme, esa calumniosa afirmación indudablemente no solo afecta mi dignidad e integridad como persona o como profesional, si no que afecta la imagen del propio Gobierno", señaló al informar que ya remitió una carta al Ministerio Anticorrupción para que investigue.

Dips agregó que Illanes en 2006 era el asesor jurídico en la presidencia y que desde ese puesto les recordaba que tenía contacto directo con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

“Por eso yo citaba a los consejeros de Cotel al despacho y les indicaba del extremo, ellos al recibir su dieta me entregaban una parte a mi y yo se lo entregaba toda la recolección al señor Escobar, quien después salía directo al Palacio. Tengo las fechas de las entregas de dinero a Illanes, además se puede verificar los ingresos de René Escobar al Palacio directamente a la oficina del señor Illanes”, manifestó.

Illanes dijo que está presentando una querella criminal contra Dips "y si hay otros medios los voy a utilizar porque está en juego no solo mi dignidad, sino mi futuro y se pone en entre dicho la imagen del Gobierno", aseguró.

Por su lado, Dips señaló que con la denuncia quiere demostrar que la toma o intervención de Cotel estaba planificada desde hace mucho tiempo por el actual viceministro Illanes y prometió que presentará pruebas ante la justicia.

Illanes negó todo y aseguró que se trata de una serie de calumnias y difamaciones. “Se nota en ese sujeto una desesperación con la que no escatima ningún calificativo para dañar la imagen de las personas”, aseveró la autoridad gubernamental.

Illanes indicó que Dips todavía piensa que es dueño de Cotel y de la justicia para atreverse a afectar la imagen personal de su autoridad, de su familia y sobre todo del actual Gobierno Nacional, dijo a la red Erbol.

Inadmisible confesión de un alto ejecutivo de la Cooperativas (COTEL) "cada mes, cada consejero pagaba una coima a Illanes" para evitar intervención!!

EX PRESIDENTE DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO DE COTEL, FERNANDO DIPS, DENUNCIA QUE EL VICEMINISTRO DE COOPERATIVAS EL AÑO 2006 COBRABA COIMAS DE POR LO MENOS 10 MIL DÓLARES.

Dips: No puede pagar aguinaldos, no puede pagar sueldos porque el Señor Borth se ha farreado la plata de Cotel. El error que ha cometido el Sr. Borth es manejar la plata de la Cooperativa en efectivo, vale decir, ha suspendido los pagos en los Bancos, ha suspendido el contrato con Brinks que recogía de todas las sucursales y llevaba al Banco. Y él en persona y con su gente de confianza recoge esa plata, la lleva a las bóvedas de Cotel y cuentan la plata y la gastan en efectivo, no sé si es sueño, no sé si es exceso de trabajo o es exceso de droga, el señor Borth empieza hacer una acumulación de cosas que no corresponden.

El señor Borth ha reducido lo que significa deuda a largo plazo lo ha convertido en deuda a corto plazo ¿para qué? Seguramente para recibir algún beneficio de AXS, públicamente lo estoy diciendo.

Los consejeros de COTEL hacíamos un aporte de nuestras dietas al gerente general de entonces, René Escobar, que lo pongo de testigo y pongo de testigo a los 8 o 9 Consejeros que tenía COTEL, nos sacaban aproximadamente 900 dólares para llevarle al señor Illanes, cuando estaba desde el 2006 en la Presidencia de asesor jurídico. ¿Y para qué nos pedían esos 900 dólares a cada uno, que se hacían aproximadamente 10 mil dólares con el aporte del gerente, para que el señor Illanes.

P.- ¿Pero qué señor Illanes

Dips: El viceministro de Cooperativas (para que) no intervenga COTEL y también tengo documentos. Y Tengo algo para demostrar, el señor René Escobar iba una vez al mes al Palacio a dejarle el dinero al señor Illanes, tengo las fechas y podemos revisar en el cuaderno de órdenes del pase de René Escobar a la oficina del señor Illanes, entonces habrá que preguntarle, para qué lo recibía cada mes al señor Escobar.

P.- ¿Por qué daban ese dinero, ustedes?)

Dips: También creo que si vamos a ser sometidos a una investigación, me someto a esa investigación y si he cometido el error, no solamente comete infracción o daño económico o un daño penal el que recibe la coima sino también el que da y estoy consciente, si he cometido ese error y hemos cometido todos los Consejeros vamos a saber enfrentarlos. Obviamente si hay alguna sanción vamos a tener que asumirla’.

P.- ¿Usted está asumiendo que había coima, usted daba coima y varios de COTEL daban coima a un funcionario de gobierno?

Dips: ‘Más o menos, digo más o menos digo (que) la fuente de financiamiento, nuestras dietas iban a caer a manos del viceministro de Cooperativas, quien entonces estaba en Palacio de Gobierno’. (UNO)

estafados por confiar en promesas. otra vez falla superintendencia de bancos por permitir captura de dinero a especuladores. la denuncia es de ED, SC

Guider Arancibia Guillén

El policía activo Diether N.C y el ciudadano peruano Günter F. son buscados con mandamiento de aprehensión tras haber sido denunciados como responsables de una estafa en cadena.
El fiscal Ángel Álvarez informó de que el policía y el extranjero figuran como gerente y administrador, respectivamente de la casa de préstamos Diether, que funcionaba en la calle siete del barrio La Colorada, cerca al quinto anillo de circunvalación.
Las oficinas fueron intervenidas por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Los Lotes.
Alvarez aseguró que ante la denuncia de varias víctimas se procedió a retirar del lugar computadoras, documentación y muebles.
Según las primeras investigaciones de la Policía, la casa ofrecía préstamos con pocos requisitos y bajo interés. Había como tope créditos de $us 800 si una persona estaba interesada en esa suma tenía que depositar $us 150, llevar como invitados a dos ciudadanos y cada uno también debía depositar $us 150, haciendo un total de 450. Los dos invitados también podían optar a préstamos siguiendo las mismas reglas.
Había préstamos en moneda nacional; el tope era Bs 800. Para acceder a éste había que seguir las mismas reglas que la del préstamo en moneda extranjera.
Carola Cadima y Francisca Zabala denunciaron que fueron víctimas de estafa junto a muchas personas. “Después de depositar la plata nos dijeron que en diez días salía el préstamo, pero nunca nos dieron ni un centavo”, dijo Cadima.
El fiscal Álvarez aseguró que los responsables alquilaron la casa y que tenían sucursales en Montero y Trinidad (Beni) donde hacían lo mismo. El policía asignado al Batallón de Seguridad Física y el extranjero fugaron.
El coronel Germán Arzabe, jefe del Batallón, confirmó que el agente pertenece a esa unidad y que hacía servicio como encargado en un banco de la capital. Sin embargo, hizo conocer que hace dos días no se presenta a trabajar y que no justificó su ausencia, por lo que deberá responder a las acusaciones de estafa presentadas en su contra.

Las víctimas hacen vigilia en el inmueble
Varias personas que fueron víctimas de estafa se instalaron ayer en el inmueble donde funcionaba la casa de préstamos Diether, en la zona de La Colorada.
Los estafados aseguraron que el negocio abrió sus puertas en octubre y que ilusionó a mucha gente con el cuento de los préstamos que resultaron ser una estafa.
El fiscal Ángel Álvarez afirmó que, a solicitud de los afectados, se procedió a la detención de 18 empleados, pero luego se los liberó al no encontrar en su contra indicios de culpabilidad.
Álvarez dijo que más bien los empleados fueron engañados porque no se les pagó sus beneficios sociales y que ahora se busca a los verdaderos responsables, es decir, al policía y al peruano. “Parece que este negocio fue bien pensado porque lo abrieron para estafar durante un corto tiempo”, comentó el fiscal.
Afirmó que se inició una investigación por los delitos de estafa agravada y asociación delictuosa.

no queda claro. se trata de un banco? de una cooperativa? porqué pretende captar dinero? exijimos una aclaración

Con la inauguración de una moderna agencia en la populosa zona del Mercado Primavera, el Fondo Financiero Privado Fassil S.A., pasó a constituirse este lunes en la primera institución que ofrece todos los servicios financieros a pobladores del Distrito 9 de la ciudad de Santa Cruz, compuesta por una población de aproximadamente 110.000 habitantes distribuidos en 58 barrios.

“Hoy nos convertimos en pioneros en la prestación servicios financieros integrales e incluyentes para beneficiar a miles de vecinos que estuvieron excluidos del sistema financiero. Nuestra apuesta es por la bancarización de los más necesitados y sin duda este es un gran paso. En adelante que los vecinos ya no tendrán que caminar más de dos kilómetros para pagar o requerir un crédito, cancelar servicios, recibir remesas de familiares en el exterior, depositar los ahorros o la venta del día. Hoy sin duda estamos más cerca de los vecinos”, sostuvo el presidente del directorio de Fassil, Ricardo Mertens Olmos.

En la nueva agencia de la entidad especializada en microfinanzas, ubicada a pocos metros del Mercado Primavera, en la parte posterior del Aeropuerto El Trompillo, los vecinos podrán gestionar la apertura de cuentas de ahorro y depósitos, tramitar créditos, pagar servicios públicos e impuestos, obtener tarjetas de débito, usar el cajero automático las 24 horas y servicios de banca por internet, servicio de remesas, entre otros.

María Odalis Reyes, presidenta del Asociación Comerciantes del Mercado Primavera, agradeció a los ejecutivos de Fassil por la apertura de la moderna agencia. “Este servicio no sólo está dirigido a los más de 350 comerciantes de nuestro mercado, sino también a los miles de vecinos de los barrios de esta zona que nos hallábamos al margen de los servicios financieros”, acotó Reyes.

CAJEROS EN ZONAS PERIURBANAS

En el marco de su política de ofrecer servicios integrales e incluyentes, Fassil instaló en su nueva agencia el servicio de cajero automático que estará disponible de manera ininterrumpida las 24 horas de día.

Mertens Olmos hizo notar que Fassil ya había sido reconocida por su decisión de llevar el servicio de cajero automático a zonas periurbanas, habiendo dispuesto en agencias del Plan 3.000 y El Carmen. “Nos preocupamos por la comodidad y la accesibilidad de nuestros clientes, por ello, hoy traemos nuestros servicios a cerca de 60 barrios concentrados en el Distrito 9”, dijo el Presidente de Fassil.

La Nación reprocha que el Gobierno Argentino haga mal uso del cooperativismo creando unidades frágiles por demagogia

El Poder Ejecutivo Nacional ha anunciado la creación de 100.000 puestos laborales a través de cooperativas de trabajo, cada una de las cuales estará integrada por unos 60 trabajadores, quienes cobrarán 1200 pesos por mes. A eso debe sumarse casi otro tanto en material de trabajo, cuyo costo estará a cargo del Estado. Es decir que se crearían más de 1600 cooperativas con una incidencia en el presupuesto nacional de aproximadamente 2880 millones de pesos anuales.

Si bien una de las misiones esenciales del Estado es combatir la pobreza, y es valorable que se vuelquen recursos públicos con ese fin, las medidas anunciadas están lejos de responder a una voluntad seria de generar inclusión social mediante la creación de trabajo genuino. Por el contrario, lo anunciado conlleva una grave distorsión del auténtico y noble significado de una cooperativa. Lo único que se logrará es seguir falseando las estadísticas oficiales sobre el índice de desocupación y provocar más frustración en aquellas personas que aspiran legítimamente a un trabajo digno.

Las cooperativas de trabajo son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua por personas que en común resuelven necesidades que no podrían superar en forma individual, valiéndose del trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes y servicios. Esto es, por personas con intereses económicos, sociales y culturales comunes, que por sí mismas deciden asociarse en una empresa autogestionada, constituyéndose sus socios en empresarios. El pago que reciben es la expresión de su participación en el resultado de su propia empresa, es decir, en proporción al trabajo realizado por cada uno.

En las cooperativas impulsadas por el Estado nacional, sus integrantes ni siquiera se conocen unos a otros y están siendo determinados de acuerdo con criterios clientelistas por los intendentes del conurbano bonaerense o por grupos afines al funcionario del Ministerio de Desarrollo Social Emilio Pérsico. Estos suministran listados en los que indican quiénes serán los futuros cooperativistas. Muy lejos queda, así, la posibilidad de una voluntad asociativa común, como la que tan loablemente ha sido utilizada por grupos sociales que constituyen cooperativas, precisamente para no vivir de la dádiva prebendaria del Estado. Sus integrantes no habrán de cobrar de acuerdo con el trabajo realizado, sino una suma fija a través de una tarjeta de débito, lo cual no es otra cosa que un plan social encubierto, dependiente de los aportes del gobierno nacional.

Queda claro que la creación de estas cooperativas no implica la formación de cooperativistas ni la promoción de trabajo genuino y, lo que es más grave, creará legítimas expectativas sociales que se verán frustradas cuando el Estado decida no realizar más aportes porque no responde a su voluntad política. Este sistema es una réplica de modelos aplicados en la provincia de Santa Cruz, que nunca pudieron escindirse de los planes sociales, y reitera el implementado desde el año 2003 por el Ministerio de Infraestructura para la atención de obra pública, a través del cual se crean federaciones de cooperativas que responden a los distintos movimientos sociales afines al Gobierno, que fracasaron en la generación de trabajo, pero no en constituirse en fuerzas organizadas para responder a las convocatorias del Poder Ejecutivo Nacional.

Parecería que este mismo esquema de fuerzas organizadas pretende repetirse en cuantas acciones necesite producir el Gobierno a partir del 10 de diciembre. Muy lejanos están el ideario cooperativo y el primer principio de la Alianza Cooperativa Internacional, que determina la exigencia de neutralidad política, y la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que establece que las políticas nacionales deben luchar contra las pseudocooperativas que violan los derechos de los trabajadores.

ahora Dips se declara en huelga de hambre en protesta por la intervención sin fecha de COTEL. se cumple la denuncia nuestra de tratarse de un abuso.

El ex presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), Fernando Dips, se declaró el martes en huelga de hambre luego de conocer la acusación en su contra por varios delitos que apuntan a una millonaria defraudación.

A la espera de la audiencia cautelar que definirá su situación legal, Dips negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que demostrará con documentos que no hubo corrupción en Cotel.

El juez imputó a Dips por la compra fraudulenta y con sobreprecio de la operadora de cable ITF en la ciudad de Santa Cruz por 6,4 millones de dólares y por la compra de Supercanal en La Paz, por 3,2 millones de dólares.

"La huelga de hambre dura que hago no es un show político y asumiré esa medida hasta que la justicia se encamine, llegue a los bolivianos y que no se maneje políticamente", remarcó.

Denunció que el fiscal de Corrupción Pública, Félix Peralta no tomó en cuenta las pruebas de cargo que él presentó voluntariamente en cinco expedientes de 1.800 fojas.

Sobre las denuncias de sobreprecio en la compra de ITF y Supercanal, Dips dijo a la ABI que esa compra se paga "con el mismo flujo que generan esas empresas".

A su juicio, en su administración no se registraron hechos de corrupción y por el contrario Cotel se financió con los propios flujos de los proyectos de todas las inversiones que realizó.

recopilando información diversas ZOE nos ofrece un compendio de entidades ilegales que funcionan captando dinero sin autorización

31 entes financieros operan fuera de la por Zoe

Se trata de 20 firmas nacionales y 11 extranjeras. La Asfi investiga la presunta ilegalidad de otras dos empresas en La Paz. Un proyecto de ley plantea incluir la estafa piramidal como delito penal.

La Razón

En el país hay 20 empresas nacionales y11 extranjeras que no están autorizadas para operar como entidades financieras. Así lo señalan datos manejados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

El órgano fiscalizador advierte que las primeras no cuentan con la autorización legal “para recibir dinero del público en calidad de depósitos, préstamos mutuos o bajo otra modalidad; o para realizar actividades de intermediación financiera (ver infografía)”.

También alerta de “supuestas empresas del exterior —sin licencia de funcionamiento—, (que) estarían ofreciendo recursos financieros a personas naturales y jurídicas en Bolivia, bajo la forma de préstamos autocancelables, préstamos a fondo perdido, préstamos garantizados, entre otras operaciones. Señala que para acceder a los “préstamos”, los interesados deben depositar a favor de las firmas una suma de dinero equivalente a una fracción del crédito, para luego obtenerlo sin la necesidad de repagarlo.

Un medio local informó ayer de dos empresas, en La Paz, que captan depósitos del público sin control de la Asfi. La primera, denominada Interexporbol, se presenta como comercializadora y usa el nombre de una firma venezolana para conseguir clientes. La segunda, anónima, recibe donativos con la promesa de entregar sumas mayores al cabo de un tiempo. Ambas ofrecen intereses entre el 9 y 20% mensual.

Ambos casos “están en proceso de investigación” para “comprobar de modo fehaciente la ilegalidad de las entidades”, indicó a La Razón el ente regulador, en respuesta a un cuestionario.

Señaló que las actividades de captación irregular de ahorros “se desarrollan generalmente de modo silencioso y en círculos cerrados a grupos que comparten ciertos intereses comunes” y que “las personas o empresas que se organizan para este fin, generalmente se disfrazan con actividades de otro giro, por lo que evaden la regulación y control”.

Sin embargo, aseguró, el reglamento para clausurar locales que realizan operaciones de intermediación financiera ilegal —en actual vigencia— permite investigar a personas o empresas presuntamente ligadas a la comisión del mencionado delito.

Por otro lado, la Asfi da cuenta que el proyecto para modificar la Ley de Bancos ya “ha sido remitido al Congreso para su tratamiento”. Éste “plantea que el delito de la estafa piramidal y otros delitos financieros sean incorporados dentro de la tipología establecida en el Código Penal como delito autónomo”.

La Asfi trabaja además en modificar la normativa referida a la publicidad de las entidades para incrementar las tareas de prevención; y en agilizar los procedimientos de indagación.

En Bolivia, la primera estafa ocurrió en los 80, cuando los hermanos Arévalo, propietarios de Finsa (Financiera de Servicios Integrales y Servicios Arévalo), estafaron $us 50 millones a unas 22.000 personas. Entonces, también se registraron los casos de Multiactiva y Orcobol.

En enero del año pasado, la ex Súper de Bancos (ahora Asfi) clausuró la empresa Roghel Bolivia, que habría estafado a cerca de 15.000 individuos con un daño económico próximo a los $us 40 millones. En abril, la Fiscalía allanó las oficinas de la firma Orión en Cochabamba, que se estima realizó 800 estafas. El 24 de septiembre de ese año fue desbaratada LV Pharma, que habría captado de manera ilegal $us 2,8 millones de unas 1.350 personas.

Puntos de vista

“Lo que no está supervisado no puede garantizar la plata de la gente”
Juan Carlos Salaues, presidente de la Asoc. Nacional de Bancos.

“Lo lamentable en todo esto es que la gente sabe que hay instituciones reguladas que garantizan de alguna forma sus ahorros. No puede ser que las personas no lo entiendan.

La recomendación es que la gente sepa dónde deposita su dinero. El sistema financiero regulado, garantizado, es muy grande; las opciones son de todo tipo: hay cooperativas, fondos privados, bancos, microfinancieras. Lo que no está regulado, lo que no está supervisado, no puede garantizar la plata de la gente. En todo caso, también es responsabilidad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) el no permitir el funcionamiento de estas instituciones ilegales.

La tasa de interés es una medida del riesgo (…). No creo que el sistema tenga que competir con tasas de mentira”.

“El problema no consiste en falta de regulación, sino en falta de control”
FERNANDO PRADO, ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras.

“Es un gran negocio engañar a los incautos. Ofrecen tasas altas de interés (9%) y nunca faltan personas que depositan su plata y después se lamentan, cuando esas personas escapan.

Alguien debería proteger a la gente y decirles cuáles son las entidades que están prohibidas, para posteriormente cerrarlas.

El problema no consiste en falta de regulación, sino en falta de control. El Estado tiene que controlar a las entidades que reciben depósitos del público y otorgan créditos sin autorización. La ex Superintendencia de Bancos (ahora Asfi) controla a quiénes están bajo su ámbito, pero debería haber un ente estatal que vaya a clausurar este tipo de instituciones. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) debería tomar cartas en el asunto, al igual que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”.