Se trata de mostrar las diferencias de lo que son estas formas de participación. Son definidas como la forma de las relaciones sociales en la producción y distribución, lo que determina la capacidad de los trabajadores para decidir directamente en forma autónoma en todo lo referente a sus condiciones de trabajo y de vida. Es incompatible con el sistema estatal de los medios de producción.
En nuestro medio, las cooperativas mineras son un problema enrevesado de definiciones que se confunden. No se logran establecer vínculos naturales entre el obrero cooperativista y el producto de su trabajo, sin derecho a educación, salud y seguridad social. En la práctica, es un negocio de cuatro vivos. No cohesiona a la comunidad, no descentraliza ni democratiza la administración. Se limita a la participación de los trabajadores en las decisiones, sustentando el salario como objetivo fundamental, convirtiéndose en una hegemonía autoritaria personificada en los dirigentes, determinando poder absoluto y sin responsabilidad. La posibilidad de que los dirigentes puedan ser electos y después reelectos en forma permanente e indefinida genera un poder enfeudado en manos de determinados intereses controlados por este sistema, generalmente vinculados a posiciones políticas. La organización actual de las cooperativas mineras en Bolivia, incluyendo las auríferas, es simplemente un “bolivianismo”, que pretende ser una autogestión.
Desde ese punto de vista se puede refutar como positiva la vigencia de las cooperativas en la oficina central de Comibol. Tomando en cuenta todos estos elementos se desprende, en la actual crisis que agobia a la economía, la estructura técnica, la habilidad gerencial, la necesidad de incorporar un sistema cooperativo, pero con carácter colectivo, en forma muy bien estudiada para su aplicación y normativa en la descentralización autónoma, con derecho a veto, que merezca una consideración de este tipo cuando la situación conflictiva hubiera llegado a términos en que el desajuste entre una instrucción dada que afecta socialmente a los trabajadores repercuta desfavorablemente en el clima y en el ambiente de tranquilidad y paz, con el deber de limitar la independencia gerencial en materias técnicas y económicas específicas y no políticamente por la cantidad de votos.
Siguiendo las pautas normativas de la moderna ciencia de la administración y considerando a la minería estatal como un sector estratégico que debe seguir dos pautas: la primera se refiere a establecer criterios administrativos de fiscalización y eficiencia técnica, en un trance de crisis moral en la que se debate actualmente la Comibol, que conspira contra cualquier intento de reorganización administrativa. La segunda consideración se refiere al hecho de que Comibol es propiedad de la nación en su conjunto y, por lo tanto, su estrategia empresarial debe estar orientada a generar excedentes económicos y suprimir los déficits operativos. Contribuir al sostenimiento de los proyectos nacionales de desarrollo, con preferencia a aquellos vinculados al sector minero-metalúrgico y, por último, definir políticas de reinversión en las áreas de expansión de las operaciones de esas unidades y no de crear empresas sociales.
El nuevo Código Minero aún está en estudio. No se pueden dar preferencias impositivas a los cooperativistas, a las empresas de Comibol ni a los empresarios privados. Las leyes tienen que ser iguales para todos y evitar los avasallamientos y las exacerbaciones sindicales.
El autor es ingeniero geólogo y administrador de empresas
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