El Gobierno ha desdibujado el cooperativismo de trabajo para transformarlo en un instrumento de ejecución de sus planes electorales.
A lo largo de su historia las cooperativas de trabajo se constituyeron, por la libre decisión de sus integrantes, en empresas en las que prevalece la democracia participativa y la autogestión empresaria. Estos principios, plasmados en la ley de cooperativas, lejos están de ser cumplidos en las entidades de ese tipo constituidas por el Gobierno para ejecutar el Plan Argentina Trabaja, que ya superan las 7000 con más de 100.000 beneficiarios asociados.
Sus integrantes son seleccionados por los intendentes del conurbano bonaerense o por organizaciones sociales, y los fondos para atender su funcionamiento, derivados del presupuesto nacional.
Los trabajadores perciben una remuneración a través de una tarjeta de débito en el Banco de la Nación. Sin embargo, las sumas que se transfieren para adquirir materiales para las supuestas obras que las cooperativas deben ejecutar, al igual que los fondos para adquirir herramientas y ropa de trabajo, se giran directamente a los municipios.
De esas organizaciones sociales, la más beneficiada ha sido el Movimiento Evita con más de 30.000 beneficiarios adheridos a esa organización, que, luego de la renuncia de Emilio Pérsico al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, recaló en la provincia de Buenos Aires de la mano de Néstor Kirchner y bajo el amparo del gobernador Daniel Scioli.
El ex presidente designó en la Subsecretaría de Acción Cooperativa a un referente de esa organización que tendrá en su órbita el control de las cooperativas bonaerenses. Este hecho se muestra como una clara maniobra electoral con vistas a las elecciones del año próximo. Por un lado, los intendentes del conurbano bonaerense continúan recibiendo beneficiarios del Plan Argentina Trabaja a través de cooperativas que ellos mismos conforman y bajo el amparo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por el otro, el Movimiento Evita, desde el gobierno bonaerense y con recursos que le derivará la Nación, continúa conformando cooperativas y controlará a la totalidad de las cooperativas de trabajo para disciplinar a aquellos intendentes díscolos.
De esta forma, el Gobierno busca asegurarse un férreo control para evitar una reedición de las elecciones del 28 de junio de 2009, en las que algunos intendentes que hacían profesión de fe kirchnerista obtuvieron más votos en las listas de concejales que Kirchner.
El mencionado plan social no sólo distorsiona groseramente el cooperativismo de trabajo, sino también los índices oficiales de desocupación, pues se pretende hacer aparecer a estas personas subsidiadas como trabajadores con pleno empleo. El Gobierno anuncia que el plan se trasladará a todo el país; es decir, se pretende reeditar el modelo del conurbano bonaerense para presionar a gobernadores.
Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho extensivo el Plan Argentina Trabaja al Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra y ha incluido en éste programas de ese ministerio, ampliando así la posibilidad de ejecutarlo a través de distintas herramientas.
Siempre hemos destacado la acción de las cooperativas como modelo de desarrollo social, pero sólo su fomento genuino posibilita su desarrollo en beneficio de las comunidades en las que actúan.
Lamentablemente, ésta no es la política que impulsa el Gobierno, que no se detiene en las elecciones del año próximo, pues luego habrán quedado diseminadas en todo el país bajo esta forma jurídica asociativa diversas cooperativas, muchas de las cuales acarrearán frustración a quienes las han integrado por la falta de trabajo genuino, con el consiguiente desencanto con esta noble figura jurídica. Otras cooperativas, en cambio, serán el brazo organizado de los movimientos sociales para presionar a un futuro gobierno, distorsionando la realidad social.
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