El Poder Ejecutivo Nacional ha anunciado la creación de 100.000 puestos laborales a través de cooperativas de trabajo, cada una de las cuales estará integrada por unos 60 trabajadores, quienes cobrarán 1200 pesos por mes. A eso debe sumarse casi otro tanto en material de trabajo, cuyo costo estará a cargo del Estado. Es decir que se crearían más de 1600 cooperativas con una incidencia en el presupuesto nacional de aproximadamente 2880 millones de pesos anuales.
Si bien una de las misiones esenciales del Estado es combatir la pobreza, y es valorable que se vuelquen recursos públicos con ese fin, las medidas anunciadas están lejos de responder a una voluntad seria de generar inclusión social mediante la creación de trabajo genuino. Por el contrario, lo anunciado conlleva una grave distorsión del auténtico y noble significado de una cooperativa. Lo único que se logrará es seguir falseando las estadísticas oficiales sobre el índice de desocupación y provocar más frustración en aquellas personas que aspiran legítimamente a un trabajo digno.
Las cooperativas de trabajo son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua por personas que en común resuelven necesidades que no podrían superar en forma individual, valiéndose del trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes y servicios. Esto es, por personas con intereses económicos, sociales y culturales comunes, que por sí mismas deciden asociarse en una empresa autogestionada, constituyéndose sus socios en empresarios. El pago que reciben es la expresión de su participación en el resultado de su propia empresa, es decir, en proporción al trabajo realizado por cada uno.
En las cooperativas impulsadas por el Estado nacional, sus integrantes ni siquiera se conocen unos a otros y están siendo determinados de acuerdo con criterios clientelistas por los intendentes del conurbano bonaerense o por grupos afines al funcionario del Ministerio de Desarrollo Social Emilio Pérsico. Estos suministran listados en los que indican quiénes serán los futuros cooperativistas. Muy lejos queda, así, la posibilidad de una voluntad asociativa común, como la que tan loablemente ha sido utilizada por grupos sociales que constituyen cooperativas, precisamente para no vivir de la dádiva prebendaria del Estado. Sus integrantes no habrán de cobrar de acuerdo con el trabajo realizado, sino una suma fija a través de una tarjeta de débito, lo cual no es otra cosa que un plan social encubierto, dependiente de los aportes del gobierno nacional.
Queda claro que la creación de estas cooperativas no implica la formación de cooperativistas ni la promoción de trabajo genuino y, lo que es más grave, creará legítimas expectativas sociales que se verán frustradas cuando el Estado decida no realizar más aportes porque no responde a su voluntad política. Este sistema es una réplica de modelos aplicados en la provincia de Santa Cruz, que nunca pudieron escindirse de los planes sociales, y reitera el implementado desde el año 2003 por el Ministerio de Infraestructura para la atención de obra pública, a través del cual se crean federaciones de cooperativas que responden a los distintos movimientos sociales afines al Gobierno, que fracasaron en la generación de trabajo, pero no en constituirse en fuerzas organizadas para responder a las convocatorias del Poder Ejecutivo Nacional.
Parecería que este mismo esquema de fuerzas organizadas pretende repetirse en cuantas acciones necesite producir el Gobierno a partir del 10 de diciembre. Muy lejanos están el ideario cooperativo y el primer principio de la Alianza Cooperativa Internacional, que determina la exigencia de neutralidad política, y la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que establece que las políticas nacionales deben luchar contra las pseudocooperativas que violan los derechos de los trabajadores.
