Páginas vistas en total

miércoles, 5 de mayo de 2010

las llamadas "nacionalizaciones" han provocado reacción internacional. en Londres de decepción por Evo. en Paris exigencia de justicia


Los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña se pronunciaron contrariados por la nacionalización de las eléctricas Corani, Guaracachi y Valle Hermoso. El Gobierno de Francia demandó una indemnización “pronta y adecuada”. La Embajada de Gran Bretaña en Bolivia expresó su decepción por las decisiones del Gobierno de Evo Morales.

“Francia respeta el derecho soberano del Estado boliviano a ejercer el control directo de sus recursos naturales. Espera, sin embargo, que la nacionalización esté acompañada de una indemnización pronta y adecuada, calculada sobre el valor real de la inversión en la fecha de la expropiación, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 (2) del acuerdo franco-boliviano”, declaró el subdirector de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos del Gobierno de Francia, Romain Nadal.

El Gobierno de Francia es dueño del 35,7 por ciento del grupo GDF-Suez, que era accionista del 50 por ciento de la hidroeléctrica Corani.

De acuerdo con el director ejecutivo de la Autoridad de Control y Fiscalización de Electricidad (AE), Nelson Caballero, las inversiones de Corani son de 60,15 millones de dólares, cuando el compromiso de capitalización fue de 58,8 millones de dólares.

El embajador británico en Bolivia, Nigel Baker, señaló: “El Gobierno (de Bolivia) nos ha asegurado constantemente, inclusive en recientes conversaciones a nivel ministerial, que las inversiones europeas, incluyendo las británicas, eran tanto bienvenidas como requeridas. De ahí nuestra decepción por esta decisión y la forma como se llevó a cabo”. La empresa Rurelec, de origen británico, era propietaria del 50 por ciento de acciones de la empresa Guaracachi. Según el presidente ejecutivo de Rurelec, Peter Earl, la compañía invirtió en el país 110 millones de dólares. De acuerdo con Caballero, ésta invirtió 94,5 millones de dólares, mucho más de los 43,1 millones de dólares comprometidos en el proceso de capitalización.

El sábado, el Gobierno de Evo Morales anunció la nacionalización de las tres empresas generadoras capitalizadas y la recuperación de la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC). El Ministerio de Hidrocarburos anunció la contratación de una evaluadora para establecer el monto de la indemnización sobre la base de sus inversiones.

La británica Rurelec habla de 110 millones de dólares de inversión.

Las concesiones serán cambiadas

La ministra de Planificación, Viviana Caro, anunció ayer que el siguiente paso que prepara el Gobierno, luego de la nacionalización de las generadoras y una distribuidora de electricidad, es la “revisión de las concesiones”. En Bolivia existen dos tipos de concesiones: las mineras y las forestales. El ministro de Minería, José Pimentel, informó que las concesiones mineras deberán emigrar a contratos de riesgo compartido luego de la aprobación de la nueva ley minera.

“Tenemos ya en puertas un proceso de revisión de todo lo que son concesiones y demás, está previsto en la Constitución Política del Estado (CPE). Tenemos un plazo de tres años para hacerlo, queremos hacerlo ya, y queremos hacerlo de la manera más coordinada posible”, señaló la Ministra de Planificación.

La autoridad tampoco descartó que el Estado vaya a intervenir la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (Cobee). “Es algo que tiene que estar en la agenda del Ministerio de Hidrocarburos, estos temas se trabajan con mucho tiempo de anticipación”.

Caro anuncia nuevas intervenciones

Viviana Caro, ministra de Planificación, señaló que en Bolivia existe seguridad jurídica en el marco de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y anunció que en ese ámbito el Estado también realizará intervenciones en áreas estratégicas en las que aún no lo ha hecho, como el rubro ferroviario, que también fue capitalizado.

“Si hay sectores en los cuales aún no ha intervenido el Estado, vamos a llevar adelante este proceso. Ha habido también otro tipo de intervenciones en las cuales el Estado ha tenido que asumir la responsabilidad, especialmente en el caso de saneamiento básico”, destacó la Ministra.

“Sí hay seguridad jurídica, pero dentro del marco de la Constitución , que establece que los recursos estratégicos son del Estado. La Constitución es clara respecto al pago justo en caso de expropiación”.



No hay comentarios: