El hecho es que los funcionarios dependientes de Sudamérica no reciben el pago de sus salarios desde hace varios meses y las autoridades de la dirección departamental de cooperativas no han tenido la capacidad de solucionar los problemas existentes que se refieren: a la situación legal de la misma, desde el momento de su arranque, a la situación de los "socios" que deberían tener todas las garantías de que su capital no desaparecerá como ocurrió con otras entidades similares a las inmobiliarias y porque sus depósitos no están bajo la protección de la Superintendencia de Bancos que al menos teóricamente proteje a los cuentacorrentistas del sistema bancario y cooperativo que reúnen todas las condiciones.
A propósito de ello, habíamos publicado semanas atrás, la crónica de El Deber, que cobra total actualidad, porque simplemente nada se ha hecho para modificar tal ilegal situación:
De forma sorpresiva, en la cooperativa cruceña Sudamérica, envuelta en supuestos actos de corrupción, ahora reconocen que no tienen plata para devolver dinero a los ahorristas, debido a que se encara un proceso de recuperación de bienes que fueron comprados a través de terceras personas con la autorización del anterior directorio, a cargo de Miguel Ángel Linares, sobre quien pesa un proceso penal.
La revelación corresponde al nuevo presidente del Consejo de Administración de la entidad, Jorge René Córdova, que señaló que encaran un trabajo arduo de recopilación de informes para precisar la cantidad de bienes que fueron adquiridos a nombre de la cooperativa para recuperarlos, hacerlos efectivo y así devolver el dinero que a diario solicitan los ahorristas.
“La cooperativa tiene bienes a nombre de terceras personas, según el informe que hemos recibido del anterior directorio, pero no puedo precisar más detalles”, dijo Córdova. El ejecutivo aclaró que mientras se lleve adelante este proceso, que se calcula concluirá a fines de febrero, no se devolverá dinero a ningún ahorrista. “La cooperativa en este momento no tiene recursos para devolver Depósitos a Plazo Fijo (DPF) ni solicitudes de retiro de cajas de ahorros.
A partir del 1 de marzo de 2009 iniciaremos un plan de devolución de dinero a aquellas personas que se les deba intereses y tengan vencido su DPF y a los clientes que deseen retirar sus cajas de ahorros”, puntualizó. Rosario Saucedo, que aparece entre las afectadas y que fue nombrada para asumir el Consejo de Administración de la cooperativa, señaló que rechazó ocupar el cargo porque cuando solicitó la entrega de documentación, para verificar los activos y pasivos de la cooperativa, se lo negaron.
“Sin ese tipo de información no se podía encarar una auditoría interna. Además, en el proceso de indagación pude comprobar que había ítems muy inflados, como la compra de bienes materiales para algunas agencias por un valor de $us 11.000”, señaló Saucedo, al detallar que existe una cantidad considerable de bienes que figuran a nombre de Suda-mérica y que fueron comprados por terceras personas. Entre tanto, los ahorristas que a diario se concentran en la oficina central, ubicada en la calle René Moreno, reclaman la devolución de su dinero.
Una persona, que prefirió el anonimato, aseguró que desde hace dos meses viene intentando cobrar los intereses de los $us 10.000 de un DPF. En la cooperativa indicaron que recibieron un comunicado de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) en la que se indica que, el 15 de enero de 2009, se le iniciará una auditoría interna. La SBEF hizo conocer que hoy se pronunciará. La cooperativa tiene 13.000 socios, 46 agencias y 190 funcionarios.
A Linares se lo acusa de supuestos hechos de corrupción en el proyecto de vivienda Vallecito I.Se expusieron supuestos vínculosEl 28 de octubre del presente año, cuando se registró la demolición de más de 100 viviendas solidarias en los límites de los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes, Miciel Alma Rodríguez Suárez, trabajadora del surtidor Ametauná, y Ronald Choque Aguilar, guardia de seguridad y concubino de la mujer, declararon en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que Miguel Ángel Linares, accionista de la cooperativa Sudamérica y para quien trabajaban, les pidió figurar como dueños de terrenos que se compraron con dinero de la entidad. Miciel aparece en los documentos como la persona que adquirió los 107.112 metros cuadrados de tierras en el Vallecito, y que fueron vendidos al Gobierno por más de $us 2 millones, para la construcción de casas solidarias.
Ronald aparece como dueño de urbanizaciones en la doble vía a La Guardia y en Montero. Es una situación confusaLudwing Toledo Especialista en el sistema financieroEs una cooperativa como muchas otras en el país, que no está supervisada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Eso significa que los ahorristas no tienen ninguna forma de presionar o exigir. Para ellos no hay ninguna seguridad de en qué momento les van a devolver su dinero.
Ahora, la disposición del dinero por parte de la Cooperativa se la explica haciendo comprar bienes a terceras personas, obviamente es, para comenzar una malversación, por decir lo menos.Que el nuevo directorio le tenga que pedir un poder a esas terceras personas para vender esos mismos activos, ¿en qué quedamos? ¿A cuenta de quién compraron esos señores? ¿A nombre de ellos o de la cooperativa? Ahí hay una situación muy confusa.
