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martes, 21 de agosto de 2012

al margen de Humberto Vacaflor el caso San Luis, dudosa la cifra de 180 mil asociados, quizá 18 mil, lo cierto es que varios millones de dólares, como en el caso de Finsa que fueron 50 millones "que se los llevó el viento" lo cierto es que ASFI tiene una falla garrafal (ver nuestro Previus)

Previus. Ninguna entidad salvo Bancos y Cooperativas está legalmente autorizada a captar recursos del público. si lo hacen corren el riesgo de no contar con el respaldo de ASFI cubierto con el "encaje legal". Ahora bien la Autoridad debería prohibir la captación de recursos. Cerrar las oficinas de los captores (llámense cooperativas, cajas de ahorro, financieras, empresas de microcrédito, etc.) y anunciarlo claramente, de modo que los ahorristas que a sabiendas de la prohibición dejan su dinero, corren el riesgo de perderlo. Ahora se reúnen "los damnificados" como lo hicieron antes los de FINSA y ROGHEL en Cochabamba y Santa Cruz, se organizan y dejan en manos de hábiles oradores, la solución. Anticipamos que sucederá igual que en los casos nombrados, "dirigentes corruptos" que se venderán al mejor postor, transarán con quien sea para evitar la devolución y el beneficio de la inmensa mayoría. En Cochabamba devolvieron un C.de TV, dos hoteles, tres radioemisoras, varios edificios, casas, vehículos a quienes "estaban en proceso de venta" por sumas insignificantes pactaron su entrega legal, supuestamente con ese dinero, debieron devolver el capital según la antiguedad...funcionaron listas de privilegiados (corrupciòn) con pequeños porcentajes firmaron toda la factura, el resto al bolsillo, porque entra en la lógica común, "mejor es algo que nada", a perderlo todo, mejor recuperar algo. Vendrán los juicios a granel para dicha y placer de los abogados, quizá algunos lleguen a la cárcel de la que terminarán saliendo...todo por la negligencia, la escasa visión, la ausencia de autoridad...qué triste, qué penoso. los más pobres siempre los más perjudicados.

Los socios de la cooperativa San Luís han decidido intervenir su administración para evitar la quiebra y ahora piden a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) que intervenga para ayudarles a proteger los intereses de 180.000 ahorristas. La respuesta de ASFI ha sido hasta ahora que la cooperativa no tenía licencia para captar ahorros del público y que ahora corresponde que los socios se pongan de acuerdo para producir una disolución indolora. 
En el inverosímil sistema que se aplica para las cooperativas que quieren cubrir operaciones financieras, hay una “etapa de adecuación” a la que pueden someterse, aunque pueden operar mientras esperan la licencia. Desde hace ocho años la cooperativa está recibiendo los ahorros de público y la “autoridad” dice ahora que nada puede hacer, porque la crisis la tendría que atender la oficina encargada de las cooperativas. Mientras van de Herodes a Pilatos, los angustiados ahorristas no entienden cómo es que se llama “autoridad” una institución que se limita a dar consejos. 
Tendría que llamarse consejera. El territorio de nadie que pisan las cooperativas (59 en total) cuando están esperando adecuarse para recibir la licencia es muy peligroso, pues queda entre dos autoridades, una más irresponsable que la otra. En efecto, la autoridad que sólo se ocupa de las cooperativas está ahora muy ocupada con las acciones de las cooperativas del sector minero, alentadas por no se sabe quién a asaltar minas para que luego el presidente en persona vaya a dar sus bendiciones al asalto. No tiene tiempo para ocuparse de las cooperativas que no asaltan nada. 
La conmoción provocada por la quasi quiebra de San Luía ha afectado a otras cooperativas, donde algunos ahorristas han optado por sacar sus ahorros. Menos mal que no ha llegado el temblor hasta las capas geológicas firmes que sostienen al sistema financiero, que tiene sus espaldas cubiertas por normas prudenciales puestas en práctica por anteriores autoridades del sistema. Por el momento, el sistema financiero nacional está a salvo, y robusto. Quizá la única sombra sean las observaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre la necesidad de que Bolivia aplique todas sus recomendaciones para frenar el lavado de dinero. 
Algunas inversiones millonarias que llegaron desde Venezuela en los últimos años y compraron a manos llenas empresas privadas bolivianas, que después se asociaron con destacadas personalidades del cambio, podrían estar en el centro de las observaciones del GAFI..
Fuente: eju.tv - Autoridad o consultora
http://eju.tv/?p=227885

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