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miércoles, 22 de julio de 2009

la intervención a COTEL debió terminar a los 30 días. han pasado 40 y ahora se determina prisión para líderes y administrativos


La Intervención a la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), resuelta hace un mes por el Gobierno boliviano, demandó ayer al Ministerio Público la aprehensión de los 10 integrantes de los consejos de Administración y Vigilancia de la telefónica, entre ellos las cabezas de ambos organismos, Fernando Dips Zogby y Jaime Siles Hoyos, por un desfalco de $us 6,6 millones.
"Los delitos cometidos tienen que ver con el sobreprecio de $us 6,6 millones en la compra irregular de la infraestructura obsoleta de la empresa ITS (Televisión Satelital Cable Color), de la ciudad de Santa Cruz, en junio de 2008. ITS tenía un valor total de cuota de capital de 757.680 dólares y los ex consejeros pagaron $us 7,4 millones, es decir, un sobreprecio de 6,6 millones de dólares.
“Esta información se desprende de los contratos que suscribieron la empresa y la cooperativa paceña", confirmó en un boletín de Cotel entregado a la prensa por los interventores.
La decisión de formalizar la demanda contra los consejeros de administración y de vigilancia fue adoptada después de que la intervención detectara irregularidades en la adquisición, por parte de Cotel, de los activos de la empresa Televisión Satelital Cable Color (ITS).
También fue acusado el gerente de la compañía de comunicaciones, Gonzalo Angles Rivero.
La transacción careció, según el boletín, de evaluaciones técnicas para sustentar o justificar la compra irregular y, menos, respondió a un plan estratégico de expansión, desarrollo de infraestructura de red y fortalecimiento de servicios de Cotel".
La intervención a la telefónica, encabezada por César Börth, demandó "la aprehensión de los diez suspendidos consejeros de administración y de vigilancia de la cooperativa, por los delitos penales de asociación delictiva, encubrimiento, recepción, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, abuso de confianza, agravamiento en caso de víctimas múltiples y también de daño calificado".
Börth también solicitó, ante la oficina de Derechos Reales, la hipoteca legal, secuestro y retención de bienes inmuebles de los formalizados, "ante la posibilidad de fuga u obstaculización de las investigaciones judiciales".
La intervención reveló, de entrada, una serie de concesiones con privados rayanas en la corrupción, por parte de la administración de Dips Zogby, entre otros tópicos, intercambios de servicios de televisión por cable por atenciones de peluquería y también por aposentos en hoteles de lujo.

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