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lunes, 22 de junio de 2009

Palo Santo nos previene después de COTEL vendrá COMTECO y luego TELECEL porque la angurria del MAS pide más pegas y mayor control para robar las coope


Desde hace tiempo las cooperativas telefónicas se encuentran en la mira del gobierno. Se trata de un botín demasiado apetitoso para que pase desapercibido para los angurrientos impulsores del “proceso de cambio”.

La intervención de la Cooperativa de Telefónos de La Paz (Cotel) fue la culminación de todo un plan meticulosamente aplicado, con la paradójica complicidad de los ejecutivos de la institución, quienes viabilizaron la sistemática incursión de los masistas en la empresa.

Los principales operadores de esta paulatina toma de Cotel fueron el grupo conocido como “los satucos”, dirigidos por el diputado masista Gustavo Torrico y la Central Obrera Regional de El Alto, encabezada por Edgar Patana.

Ambos grupos consiguieron una serie de prebendas que fueron generosamente concedidas por el presidente del Consejo de Administración, Fernando Dips y del Consejo de Vigilancia, Jaime Siles, con el compromiso de no ser molestados y poder prolongar su gestión contra toda norma estatutaria.

Sin embargo es axiomático que cuando se tiene una parte del poder se acaba por pretenderlo todo. Una concesión conlleva otra.

En principio diputados “satucos” como Humberto Equiapaza se hicieron cargo del servicio de fotocopiadoras en el edificio principal de la empresa y, más aún, impusieron el nombramiento de sus miembros en importantes cargos de la cooperativa. El también diputado René Ramos era un asiduo concurrente al despacho de Dips y se sabe que sus visitas no eran de cortesía.

Patana, por su parte, no se quedaba atrás y logró colocar a varios de sus allegados en la cooperativa. La presión que ejercía era permanente y las amenazas de movilizaciones, constantes. Como se sabe, el dirigente alteño utiliza idénticos métodos en la Aduana Nacional.

Dips y Siles se doblegaban fácilmente ante las presiones y más de un dirigente sindical alteño exigía que se le de servicio telefónico en forma gratuita o pedía aportes para supuestas atenciones médicas para él o sus familiares.

Cotel debió también poner dinero para solventar movilizaciones de los alteños contra el parlamento nacional, pero seguramente las auditorías anunciadas por el interventor no arrojarán mayores datos sobre este tema.

Los dirigentes del sindicato de trabajadores de Cotel tampoco se caracterizaron por su honestidad. La lista de sus familiares en las planillas de la empresa es larga, sus salarios y bonos nada despreciables frente a un servicio deficiente del que son víctimas los “socios” de la cooperativa, que jamás recibieron un beneficio por sus acciones y menos aun explicaciones del manejo de la institución.

Fernándo Dips abrió la puerta y los masistas entraron en tropel. Es sugestiva la tranquilidad con la que recibió la intervención y existen elementos para suponer que desde un principio existió una especie de “pacto” con el gobierno.

En suma, en Cotel todos metieron la mano y quebraron a la cooperativa. Los únicos perjudicados resultan ser los usuarios y, peor aún, podría ser el preámbulo para que el gobierno ejecute acciones similares en otras cooperativas telefónicas del país. Cotas de Santa Cruz es la que sigue con el argumento de un supuesto apoyo al grupo “terrorista-separatista” de Rozsa.

Si la intervención de Cotel y eventualmente de otras empresas, tendría el propósito de acabar con la corrupción, el nepotismo y el mal servicio, el apoyo de la población debiera ser unánime, pero si están los masistas de por medio, la medida no es más que el cambio de una mafia por otra.

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