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miércoles, 12 de noviembre de 2008

las primeras víctimas del mal manejo de las colectoras de dinero, aunque se llamen "cooperativas" resultan siendo funcionarios, luego los ahorristas

Los funcionarios de la Cooperativa Sudamérica hoy se sorprendieron cuando al ingresar a su fuente laboral recibieron una comunicación interna, en la que se les informó de que el personal de dicha entidad financiera ingresaba desde ese momento en vacación colectiva hasta el lunes.

Las caras de preocupación de los funcionarios fue evidente ya que no esperaban tal determinación. “La verdad estoy preocupada porque estamos con temor de perder el empleo”, aseguró una de las trabajadoras que entre otras cosas, manifestó que la medida sólo es para el personal de las sucursales de la capital cruceña.

Cerca de 110 son los funcionarios que hoy retornaron a sus casas y que deberán esperar hasta el día lunes para saber cual será la situación de la compañía. En la jornada de ayer un grupo de estibadores del mercado Abasto cerró las puertas de la sucursal que está en esa zona. Otra agrupación similar, también le puso candado a las oficinas de la agencia que está situada en el km 13 de la doble vía a La Guardia.

Una de las peticiones de los adjudicatarios es la aparición del presidente de la Sudamericana, Miguel Ángel Linares, que es acusado de supuestas irregularidades en la construcción de viviendas populares, financiadas por el Gobierno a través de la cooperativa en cuestión. Precisamente por este último tema, Gladis Choque se presentó esta mañana en la cooperativa para reclamar Bs 2.000 que depositó en la Sudamericana, según ella para los trámites de las viviendas.” Ellos nos dijeron que después nos iban a entregar las casas”, aseguró la mujer.

Sin embargo, los adjudicatarios tras enterarse de que las viviendas (más de 100) fueron demolidas por la alcaldía cruceña el 28 de octubre, no han dejado de asistir a las sucursales de la capital para reclamar sus aportes. Los que también están permanentemente en las oficinas de la Sudamericana son los socios que pretenden retirar su dinero ante el escándalo de corrupción por parte de los ejecutivos.

Las viviendas están situadas en la urbanización La Comarca (o Vallecito) que fueron derrumbadas por orden de la Alcaldía cruceña. Dicha acción ha enfrentado a la comuna de Santa Cruz y a la de Warnes por límites territoriales.

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